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Foto: Imagen Ilustrativa
El gobernador Miguel Lifschitz firmó varios decretos con los cuales se formalizó la destitución de 13 policías provinciales por haber incurrido en delitos vinculados al narcotráfico o a hechos de corrupción.
“Esto es parte del plan de depuración de las fuerzas policiales en el que estamos empeñados no solo las autoridades políticas del Ministerio de Seguridad sino también de la propia Jefatura de Policía de la provincia, con claras instrucciones de ser sumamente estrictos y severos en las sanciones que se aplican al personal que es encontrado responsable de delitos graves vinculados al narcotráfico u a otros hechos de corrupción”, explicó Lifschitz.
“Cuando hay suficientes elementos e indicios como para comprobar los hechos denunciados, estamos procediendo a la destitución de los agentes involucrados”, agregó.
Entre el personal apartado de la fuerza se encuentran comisarios, oficiales, suboficiales y subinspectores que cumplían funciones en los departamentos Rosario, La Capital, Castellanos y San Justo, entre otros lugares, señalaron desde el gobierno santafesino, sin dar a conocer sus nombres.
“Hemos trazado claramente una línea divisoria entre aquellos que cumplen con el deber y se ajustan a lo que establecen las normas internas y las leyes, y aquellos que han decidido incursionar en el campo del delito y que de a poco irán quedando marginados de la fuerza”, sentenció el gobernador.
La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados destacó que la ley aprobada por unanimidad permite al Ejecutivo articular respuestas de manera ágil y efectiva junto a los municipios frente a posibles excesos de agua.
La diputada provincial impulsa una Ley de Primera Infancia que busca convertir los primeros años de vida en una verdadera política de Estado. Este lunes se reunió en Buenos Aires con representantes de UNICEF para presentar la iniciativa e intercambiar miradas sobre cómo garantizar mejores oportunidades desde el comienzo de la vida.
Tras reunirse en la Mesa Paritaria provincial, los representantes sindicales y los intendentes llegaron a un acuerdo en el marco de la Ley 9.996. La suba se abonará en tres tramos e incluye el reconocimiento del desfasaje inflacionario acumulado en la primera mitad del año.
