El gobernador Miguel Lifschitz firmó varios decretos con los cuales se formalizó la destitución de 13 policías provinciales por haber incurrido en delitos vinculados al narcotráfico o a hechos de corrupción.
“Esto es parte del plan de depuración de las fuerzas policiales en el que estamos empeñados no solo las autoridades políticas del Ministerio de Seguridad sino también de la propia Jefatura de Policía de la provincia, con claras instrucciones de ser sumamente estrictos y severos en las sanciones que se aplican al personal que es encontrado responsable de delitos graves vinculados al narcotráfico u a otros hechos de corrupción”, explicó Lifschitz.
“Cuando hay suficientes elementos e indicios como para comprobar los hechos denunciados, estamos procediendo a la destitución de los agentes involucrados”, agregó.
Entre el personal apartado de la fuerza se encuentran comisarios, oficiales, suboficiales y subinspectores que cumplían funciones en los departamentos Rosario, La Capital, Castellanos y San Justo, entre otros lugares, señalaron desde el gobierno santafesino, sin dar a conocer sus nombres.
“Hemos trazado claramente una línea divisoria entre aquellos que cumplen con el deber y se ajustan a lo que establecen las normas internas y las leyes, y aquellos que han decidido incursionar en el campo del delito y que de a poco irán quedando marginados de la fuerza”, sentenció el gobernador.
Dicho puntaje es elaborado por el Centro de implementación de políticas públicas para la equidad y el crecimiento (CIPPEC).
Los referentes territoriales de la provincia se consolidan como espacio propio dentro del Justicialismo.
En el próximo sorteo el pozo será de $1.410.000.000.
A partir del 1º de diciembre el reintegro volverá a ser de $5000. "Hay personas que tienen un sueldo de $400.000, $500.000 y utilizan la Billetera Santa Fe, que no les hace nada. Entonces, reordenemos los recursos del Estado de manera eficiente e inteligente"
Le envió una carta al presidente Alberto Fernández con copia al ministro Sergio Massa. Pide que se incorpore a la masa coparticipable el 25% del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y el 35% del Impuesto País. También, una prórroga del plazo de duración del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.