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El gremio médico avaló el aumento del 7 % en seis tramos, mientras que los enfermeros rechazaron la propuesta oficial.
Las negociaciones salariales del sector salud en Santa Fe dejaron al descubierto diferencias entre los gremios. La Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) resolvió aceptar la propuesta oficial por un margen ajustado, mientras que el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (SiPrUS) la rechazó con una mayoría contundente.
Según la votación interna de SiPrUS, el 77 % de los afiliados expresó su disconformidad con la oferta. Con más de 1400 votos emitidos, el gremio no solo decidió rechazar el incremento, sino también convocar a una jornada de protesta para este miércoles, dejando abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza en los próximos días.
El vocero de SiPrUS, Leandro Goldsack, aseguró que el rechazo refleja un malestar generalizado. “La propuesta no compensa la pérdida salarial acumulada en el último año y medio”, señaló, al tiempo que cuestionó la política salarial del gobierno provincial.
La propuesta oficial contempla un aumento del 7 % en seis tramos: 1,5 % en julio, 1,5 % en agosto, y 1 % mensual entre septiembre y diciembre. El cálculo se aplica sobre la base salarial de junio e incluye un monto mínimo garantizado de $40.000 durante los primeros tres meses y de $70.000 en los últimos.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
