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El Plenario de Secretarios Generales de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales resolvió realizar un paro general los días 9 y 10 de noviembre en toda la Provincia y Movilización ese Miércoles 9 a la Casa de Gobierno en la ciudad capital de Santa Fe.
Representantes del SITRAM Arroyo Seco presentes en el Plenario
La medida de fuerza tiene como objetivo que el Gobierno Provincial convoque a paritarias como lo establece la Ley 9996; y allí discutir una urgente recomposición salarial, su monto y características; así como también, una serie de hechos que se suceden en numerosas municipalidades y comunas, donde se están vulnerando los derechos de los trabajadores y que la Federación viene denunciando en los últimos meses.
FESTRAM entiende que esta sumatoria de situaciones no puede analizarse de forma aislada sino que deben situarse en un contexto donde el Gobierno Nacional busca reprimir la protesta social, mientras se beneficia a los grandes grupos económicos y al capital financiero.
En el transcurso del debate quedó fuertemente explicitada la voluntad de los Sindicatos de base de la Federación por reafirmar el compromiso en defensa de los derechos de los Trabajadores Municipales y Comunales e impedir que se desvirtúen conquistas históricas del gremio.
El Plenario que sesionó en la tarde de este jueves, puso como fecha límite el día 7 de noviembre para recibir la convocatoria a la negociación paritaria y habilitó a sus representantes en ella, para que avancen en las mismas en caso de una respuesta positiva a la demanda planteada.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
