El gobierno de Santa Fe abrió los sobres de licitación para el Ceriap, un penal con capacidad para más de 1.100 reclusos. La obra demandará una inversión superior a los $109 mil millones.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este martes el acto de apertura de sobres para la construcción del Centro Reclusorio para Internos de Alto Perfil (Ceriap) en Piñero. La nueva cárcel, que se instalará en la misma zona de la Unidad Penitenciaria 11, tendrá un plazo de ejecución de 18 meses y se espera que esté finalizada en septiembre de 2026.
El secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, explicó que el proyecto se dividió en tres licitaciones para acelerar los tiempos de construcción. En total, el penal tendrá capacidad para 1.152 internos de alto perfil y contará con 46.000 metros cuadrados de superficie cubierta.
Un modelo inédito en el sistema carcelario
La secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, Lucía Masneri, calificó la construcción del Ceriap como un hito en la historia carcelaria de Argentina, destacando su innovador sistema de vigilancia. Según detalló, los agentes tendrán un "control absoluto" sobre los internos, restringiendo cualquier tipo de contacto no autorizado.
Cada uno de los cuatro minipenales dentro del complejo contará con seis pabellones de dos plantas y 48 celdas individuales de hormigón premoldeado. La disposición arquitectónica está diseñada para evitar el contacto entre grupos de internos, incluso en los espacios comunes.
Además, el penal tendrá boxes personales para visitas a través de una placa de blindex, sala de videoconferencias y un sistema de salud intramuros para evitar traslados. En caso de emergencias, contará con un helipuerto dentro del predio.
Tras meses de denuncias por violencia laboral y hostigamiento, se concretó la salida del director Marcelo Minicucci. Vanesa Torres, delegada de ATE, destacó el triunfo de la lucha gremial y la llegada de la Dra. Carina Gres.
Una excavación ordenada por la Justicia Federal y realizada por un equipo especializado de antropología forense comenzó esta semana en la conocida “plaza del tanque” de Pueblo Esther. La actuación, informada por el municipio y explicada a este medio por la abogada Natalia Espíndola, se enmarca en una investigación por homicidio agravado con posible existencia de enterramientos clandestinos vinculados a delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.