Rechazo social a una cerealera ubicada en el radio urbano

Una planta acopiadora de cereal establecida en Firmat se resiste a trasladarse del radio urbano como lo fija una ordenanza sancionada en 1988 por la cual se otorga un plazo de 25 años, que vence a fin de mes, para el retiro de este tipo de establecimientos a las afueras de la ciudad. Aunque actualmente no está desarrollando actividades, la firma pretende operar en el lugar donde se encuentra.

Se trata de la firma Burkey SA que interpuso un escrito en el Juzgado de la 2º Nominación de Venado Tuerto, a cargo de Federico Bertram, con la intención de que se haga lugar a una medida cautelar que le permita funcionar y evitar su desmantelamiento.

Las autoridades municipales y legislativas se reunieron con vecinos de barrios linderos a la cuestionada cerealera para ratificar su voluntad de hacer cumplir la normativa. Para hoy, a las 13.30, está prevista una concentración en Balcarce y bulevar Colón, frente a la planta, para repudiar la actitud de la empresa.

Durante el encuentro con los vecinos en la sede municipal, el intendente Leonel Maximino, manifestó su “firme decisión de defender en el ámbito judicial la ordenanza sancionada en 1988”.

El mandatario firmatense remarcó que “esta es una causa prioritaria para nosotros porque no sólo los vecinos de la zona estaban esperando que se cumpliera este plazo, sino todos los firmatenses, por lo que asumo el compromiso de recurrir a todos los medios legítimos que tengamos a nuestro alcance para evitar cualquier medida que tienda a extenderlo”.

Maximino aseguró que “el retiro de la empresa no pone en peligro la fuente de empleo de ningún trabajador ya que actualmente está sin actividad, razón por la cual, no dejaremos de hacer lo necesario para lograr el objetivo”.

Burkey además del amparo judicial para funcionar en la ciudad pretende que se declare la inconstitucionalidad dela ordenanza que dispone el retiro de las cerealeras del ejido urbano en un plazo de 25 años, que vence a fin de mes.

La subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad, Silvina Casas, sostuvo que los letrados de la firma cerealera hacen “una interpretación forzada” de la normativa y se mostró confiada en la estrategia legal que llevará adelante el gobierno local.

La profesional calificó como “más que razonable” el plazo fijado por ordenanza para el traslado de las cerealeras y sostuvo que Burkey “debiera haber tomado todas las previsiones necesarias para trasladarse, como lo hicieron otras dos plantas que estaban en similar situación y respetaron la normativa”.

Casas además puntualizó que “existen innumerables actuaciones municipales por irregularidades (detectadas en la planta Burkey), lo que indica que su actividad, a diferencia de lo que manifiesta en sus declaraciones la empresa, ocasiona innumerables molestias a los vecinos”.

Por su parte la representante legal de los vecinos, Betiana Pellegrini, planteó la necesidad de presentarle al juez interviniente “las actuaciones realizadas en la Municipalidad a lo largo de estos años, que dan cuenta de los innumerables problemas de salud que ocasionó la cerealera”.

Y además se mostró molesta con las declaraciones de representantes de la empresa asegurando que nunca se perjudicó a los vecinos. “No podremos seguir viviendo si se reabre la planta (ex Nidera); queremos respirar aire puro y no contaminado con polvillo, poder abrir las ventanas de nuestras casas sin sentir el nauseabundo olor de los agroquímicos”.

La profesional, que también es vecina de la zona afectada, indicó que presentarán estudios médicos que “dan cuenta de los innumerables problemas de salud a causa de la cerealera” para luego dejar abierta la posibilidad de que los vecinos afectados inicien acciones legales por tal padecimiento.