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La imagen ilustrativa que eligió el semanario para la tapa del pasado sábado.
Tres casos en particular han capturado la atención mediática debido a la gravedad de los delitos y a un factor común que los une: los detenidos, en cada uno de estos incidentes, son todos afiliados al Sindicato de Camioneros de Santa Fe, conducido por Sergio Aladio. Esta conexión desencadena una ola de preguntas sobre la posible complicidad o, al menos, la falta de control sobre los afiliados que forman parte de la organización gremial. A continuación, se detallan los hechos que ilustran esta preocupante relación.
El primer suceso que resalta esta alarmante conexión ocurrió el 24 de junio de 2023, durante un evento deportivo en Rosario, donde se desplegó una bandera de grandes dimensiones que hacía alusión a reconocidos jefes de una organización delictiva, vinculada a Ariel Máximo C. y otros. La imagen de estos líderes criminales no solo intimidó al público presente, sino que también envió un mensaje claro sobre la influencia y poder de esta organización en la región.
El implicado en este caso, identificado como C.D.A, fue detenido y acusado oportunamente de formar parte de una asociación ilícita. Según la investigación fiscal, esta asociación tenía como objetivo principal obtener dinero mediante violencia, amenazas, extorsiones y otros hechos delictivos en Rosario. Lo que resulta más inquietante es que C.D.A no solo participó en estos actos, sino que aparentemente también recibió órdenes directas de los líderes de la organización para encargar la confección de la bandera y asegurar su exhibición en el estadio.
El 11 de julio de 2023, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el Fiscal Luis Schiappa Pietra imputó a C.D.A por ser miembro de esta asociación ilícita, así como por la tenencia ilegítima de un arma de fuego. La gravedad de las acusaciones llevó al juez de Primera Instancia, Dr. Becerra, a dictar prisión preventiva efectiva por 90 días y consecutivas prórrogas. Sin embargo, el desarrollo posterior del caso mostró que C.D.A fue sobreseído por el delito de intimidación pública relacionado con la exhibición de la bandera, aunque sigue detenido por su participación en la asociación ilícita y la posesión del arma.
El hecho de que C.D.A sea afiliado al Sindicato de Camioneros de Santa Fe, liderado por Sergio Aladio, no ha pasado desapercibido. Este vínculo ha planteado serias dudas sobre la influencia que la organización gremial podría tener en los círculos delictivos, y sobre la capacidad del sindicato para controlar o, al menos, supervisar las actividades de sus miembros.
El segundo caso involucra a J.C.C y L.G., quienes fueron detenidos y procesados por el robo de instrumental médico del Hospital Provincial de Rosario el 26 de enero de 2024. Ambos trabajaban para la empresa SOMA, encargada de la recolección de residuos patológicos del hospital, y, según la justicia, utilizaron su posición para apoderarse de valiosos instrumentos de endoscopia y material lumbar que pertenecían a la empresa Vapox.
La maniobra delictiva fue cuidadosamente planeada: mientras L.G. cumplía el rol de "campana", J.C.C. se encargó de sustraer los objetos de valor y esconderlos en el camión de SOMA. No obstante, su plan fue descubierto, y ambos fueron arrestados. En la audiencia imputativa del 1 de febrero de 2024, el Fiscal Mariano Ríos Artacho los acusó de hurto agravado en calidad de coautores, y el juez Postma dictó prisión preventiva efectiva por 89 días.
El 27 de febrero de 2024, ambos fueron condenados en un procedimiento abreviado a 3 años de prisión de ejecución condicional, con la imposición de reglas de conducta por dos años. A pesar de esta sentencia, el hecho de que tanto J.C.C como L.G. sean afiliados al Sindicato de Camioneros de Santa Fe suma una nueva capa de preocupación sobre las actividades extralaborales de los miembros del gremio: y la facilidad con la que utilizaron su posición laboral para cometer un hecho de esta naturaleza.
El tercer y más reciente caso ocurrió el 5 de agosto de 2024, cuando un hombre identificado como M.O. fue imputado por estafa y tenencia ilegal de armas. El incidente comenzó cuando la víctima, luego de salir de una sucursal del Banco de Santa Fe, perdió su tarjeta de débito, que fue rápidamente utilizada por M.O. para realizar múltiples compras y transacciones fraudulentas.
La primera transacción se realizó en una estación de servicio, seguida de varias compras en tiendas de alimentos y tecnología, totalizando un gasto de cientos de miles de pesos. El acto final que llevó a la captura de M.O. ocurrió en un supermercado de Rosario, donde había dejado su auto para la instalación de un costoso equipo de audio. Al momento de su arresto, se le encontró en posesión de un ticket de compra y una tarjeta de salud, lo que terminó incriminándolo aún más.
Durante el allanamiento en su domicilio, las autoridades encontraron una pistola semiautomática y una gran cantidad de municiones, además de otros objetos de dudosa procedencia. M.O., afiliado al Sindicato de Camioneros de Santa Fe, fue imputado y la jueza Trinidad Chiabrera dictó prisión preventiva efectiva hasta el 8 de octubre de 2024.
Este caso no solo destaca la audacia de M.O. en el uso indebido de la tarjeta de otra persona, sino también el peligro latente de la tenencia ilegal de armas entre los afiliados al sindicato. La presencia de armas en el domicilio del imputado y la cantidad de municiones incautadas elevan la gravedad del caso, sugiriendo una posible implicación en actividades delictivas más amplias.
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Un patrón preocupante
La coincidencia de que todos los involucrados en estos tres episodios sean afiliados al Sindicato de Camioneros de Santa Fe es un dato que no puede ser ignorado. Mientras que cada caso por sí solo podría ser visto como un incidente aislado, la conexión sindical entre los detenidos genera una imagen preocupante del entorno en el que se desarrollan estas actividades delictivas.
La situación plantea una serie de preguntas críticas: ¿hasta qué punto está el sindicato consciente de las acciones de sus afiliados? ¿Existen controles internos para detectar comportamientos delictivos? ¿Cuál es la responsabilidad del gremio en estos casos?
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