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Tras intensas negociaciones en comisiones, el plenario de la Cámara de Baja logró un consenso para modificar el proyecto original. La iniciativa busca establecer un nuevo régimen de justicia penal para adolescentes y prevé ser tratada en el recinto en las próximas semanas.
El debate por la baja de la edad de imputabilidad dio un giro significativo en el Congreso de la Nación. En un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Presupuesto, los bloques parlamentarios acordaron elevar a 14 años el piso de punibilidad, un año más de lo que proponía el proyecto inicialmente impulsado por el Poder Ejecutivo.
El nuevo texto consensuado no solo se centra en la edad, sino que propone una reforma integral del sistema de justicia para menores:
Edad de imputabilidad: Se estableció finalmente en 14 años (el proyecto oficialista pedía 13), buscando un equilibrio entre las demandas de seguridad y los tratados internacionales de derechos del niño.
Hoja de ruta legislativa: Se fijó un cronograma de trabajo para que el dictamen llegue al recinto de Diputados antes de la finalización del periodo de sesiones extraordinarias.
Régimen procesal: El proyecto contempla la creación de tribunales especializados y un sistema de sanciones que priorice la resocialización, aunque con penas privativas de la libertad para delitos graves (homicidios, violaciones, robos con armas).
La decisión de subir a 14 años la edad mínima permitió destrabar la negociación con los bloques de la "oposición dialoguista", quienes consideraban que fijar el límite en 13 años era excesivo y difícil de implementar logísticamente.
"Hemos logrado un consenso que permite avanzar en una ley necesaria, saliendo de la inacción actual pero respetando estándares jurídicos razonables", señalaron fuentes parlamentarias tras la reunión.
Uno de los mayores desafíos de la nueva ley será su implementación federal. El proyecto estipula que las provincias deberán adaptar sus sistemas judiciales y centros de alojamiento de menores, lo que requerirá una partida presupuestaria específica y un plazo de transición.
Mientras sectores de la sociedad civil y organismos de Derechos Humanos mantienen sus reparos sobre la eficacia de la baja de edad, el arco político mayoritario parece decidido a sancionar una norma que reemplace al actual régimen, vigente desde la última dictadura militar.
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