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El Congreso de la Nación se prepara para una de las semanas más intensas y polémicas en materia ambiental. El oficialismo ha decidido acelerar el tratamiento de las modificaciones a la Ley de Preservación de Glaciares y del Entorno Periglaciar, con el objetivo de obtener la sanción definitiva antes del próximo viernes.
El punto central de la reforma que impulsa el Ejecutivo radica en la redefinición de qué áreas se consideran protegidas. Los cambios propuestos buscan flexibilizar los límites del entorno periglaciar, permitiendo el desarrollo de actividades económicas —principalmente mineras y extractivas— en zonas que hoy están bajo estricta tutela ambiental.
Los puntos clave del proyecto:
Redefinición técnica: Se establecen nuevos criterios para identificar glaciares activos, dejando fuera de la protección áreas de "hielo subterráneo" que no cumplan con funciones hídricas demostradas.
Seguridad jurídica: El oficialismo argumenta que la ley actual es "ambigua" y frena inversiones millonarias en las provincias cordilleranas.
Autoridad de aplicación: Se propone una mayor descentralización, otorgando a las provincias un rol más activo en la elaboración de los inventarios de glaciares.
Desde las organizaciones ambientales y sectores de la oposición, el rechazo es tajante. Advierten que modificar la ley vigente significa vulnerar reservas estratégicas de agua dulce en un contexto de crisis climática global.
"No estamos discutiendo solo piedras y hielo, estamos discutiendo el agua de las futuras generaciones. Achicar la zona periglaciar es abrirle la puerta a la megaminería en áreas críticas", señalaron referentes de ONGs ambientalistas que ya convocan a movilizaciones frente al Congreso.
A pesar de las críticas, el oficialismo confía en contar con los votos necesarios gracias al apoyo de gobernadores de provincias mineras, quienes ven en esta reforma una oportunidad clave para destrabar proyectos de litio y cobre que hoy se encuentran judicializados o frenados por la normativa vigente.
La sesión, prevista para mediados de semana, promete ser maratónica y con un final abierto, dependiendo de la postura que adopten los bloques dialoguistas que aún mantienen dudas sobre el "blindaje" ambiental final del texto.
Tras permanecer 75 días detenida en Brasil por una denuncia de racismo, la joven abogada arribó al país. Antes de reencontrarse con su familia, mantuvo un encuentro con la senadora nacional en Buenos Aires.
El Juzgado Federal de Victoria consideró que no hay pruebas suficientes para procesar a los propietarios de los campos. El fallo destaca la imposibilidad de determinar el origen de las quemas y cuestiona el alcance de los reportes satelitales.
