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La situación en Lácteos Verónica ha dejado de ser un conflicto laboral por atrasos salariales para convertirse en una denuncia penal y política por presunto vaciamiento deliberado. Con cuatro plantas paralizadas (Clason, Lehmann, Suardi y Totoras), más de 700 familias se encuentran sumidas en la incertidumbre total, denunciando que los dueños han comenzado a desviar la materia prima hacia otras unidades de negocio.
Los trabajadores de la planta santafesina de Clason y de la bonaerense de Boulogne advierten que la producción está "totalmente frenada" por falta de insumos. Sin embargo, la denuncia tomó un tinte más grave al conocerse movimientos societarios de la familia propietaria, los Espiñeira.
Según detallaron representantes gremiales y legisladores que siguen de cerca el caso, el tambo “Las Becerras S.A.” —propiedad de los mismos dueños de Verónica— dejó de proveer leche a la láctea para venderla a empresas competidoras. A esto se suma la reciente creación de tres nuevas sociedades anónimas (Kawsay S.A., Agro Prada S.A. y Grandal Agropecuaria S.A.) con objetos sociales idénticos a los de Lácteos Verónica, lo que se interpreta como una maniobra para "mudar" el negocio y dejar atrás las deudas y el personal.
La realidad cotidiana de los empleados es crítica. Muchos denuncian que desde diciembre solo han recibido depósitos ínfimos (de hasta 58 mil pesos) y que la empresa ha comenzado a enviar telegramas notificando el pago de apenas el 50% del salario por 60 días, amparándose en una supuesta falta de trabajo que los operarios califican como "provocada".
"Es una angustia terrible. Antes no dábamos abasto con las ventas y ahora no le podemos vender un queso a nadie porque no nos traen leche. Están sacando a la gente de forma indirecta", relató uno de los delegados.
Una deuda millonaria que afecta a toda la cuenca
El impacto no es solo laboral. Se estima que la deuda de Lácteos Verónica con tamberos y productores de la región supera los 60 millones de dólares. Este "agujero negro" financiero ya ha provocado el cierre de pequeños tambos locales que no pudieron sostener la cadena de pagos, afectando el tejido productivo de todo el centro-oeste santafesino.
Ante la magnitud del conflicto, se exige una intervención urgente de la Secretaría de Trabajo y de la Justicia santafesina. Cabe recordar que la empresa intentó tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), pero fue rechazado por el Ministerio de Trabajo al no poder acreditar fehacientemente los números que justificaran su situación financiera, lo que alimentó aún más las sospechas de un lockout patronal encubierto.
Mientras tanto, los trabajadores permanecen en estado de alerta, realizando acampes y asambleas permanentes para evitar que se retiren maquinarias de las plantas, con la esperanza de que aparezca un comprador o una gestión que garantice la continuidad de una marca emblemática para la mesa de los argentinos.
Tras permanecer 75 días detenida en Brasil por una denuncia de racismo, la joven abogada arribó al país. Antes de reencontrarse con su familia, mantuvo un encuentro con la senadora nacional en Buenos Aires.
