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Lo que el Gobierno de Santa Fe había anunciado semanas atrás como un protocolo de disuasión ya es una realidad administrativa. El Ministerio de Justicia y Seguridad emitió la primera notificación formal para el cobro de los gastos operativos derivados de una amenaza de bomba en un establecimiento educativo de la ciudad de Rosario. El monto total de la intimación asciende a $6.125.433.
La cifra millonaria no es arbitraria; responde a un cálculo detallado del despliegue que el Estado debe realizar ante cada alerta de este tipo:
Recursos Humanos: Horas de servicio de personal policial, brigada de explosivos y bomberos.
Logística y Movilidad: Consumo de combustible, desgaste de patrulleros y movilización de ambulancias.
Servicios de Emergencia: Intervención del sistema de salud y de protección civil.
En este primer caso, la persona intimada es la madre de un menor que fue identificado como el autor de la llamada intimidatoria. El protocolo establece que, si el
Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta es la primera de una serie de notificaciones que se enviarán a medida que se logre la identificación de los autores. "Cada vez que se moviliza un operativo por una falsa amenaza, se le quita seguridad a otros vecinos y se malgastan los impuestos de todos. El objetivo es que se entienda que estas acciones tienen consecuencias reales", señalaron fuentes oficiales.
La causa penal continúa su curso en paralelo bajo la carátula de "Intimidación Pública", lo que podría sumar sanciones judiciales a la millonaria deuda administrativa.
La central obrera cuestionó la pérdida del poder adquisitivo, denunció irregularidades en la Justicia y no descartó nuevas medidas de fuerza
