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Transportistas, instituciones y otros rubros que trabajan en ese ámbito reclaman un urgente aumento del 70 por ciento en todas las prestaciones. Evalúan medidas de fuerza.
Los reclamos ya motivaron movilización en el último año y medio. (Alan Monzón/Rosario3)
En medio de una larga lucha por mantener actualizados sus valores, el sector vinculado a la discapacidad volvió a la carga por un nuevo y urgente aumento que garantice la continuidad de los servicios, tanto en la provincia como a nivel nacional. Mientras, evalúan una medida de fuerza.
Se trata de los aranceles que establece el gobierno y que son programados por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El pedido concreto es de una suba del 70 por ciento en todas las prestaciones.
“Si no somos escuchados, estamos evaluando un paro de actividades. El pedido es urgente para evitar el quiebre del sistema de atención para personas con discapacidad”, dijeron desde la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis), que acompaña el reclamo con un amplio abanico de sectores integrado por instituciones, profesionales y transportistas.
Apridis apuntó que muchas instituciones “están en riesgo y no podrán seguir brindando sus servicios”, ya que, precisaron, el último aumento fue de 34%, a terminar cobrar en enero de 2022, “habiendo recibido en el 2020 sólo un 10% de aumento en diciembre”.
Los sectores que trabajan con personas con discapacidad son escuelas, centros educativos terapéuticos, centros de día, servicios de apoyo a la inclusión escolar, centros de rehabilitación, centros de estimulación temprana, transportistas y profesionales.
La central obrera anunció la creación de un indicador propio para medir el costo de vida. La medida surge tras las dudas planteadas por diversos sectores sobre la metodología y los resultados recientes del organismo oficial de estadística.
Tras el sorteo de este miércoles por la noche, ninguna de las modalidades principales registró ganadores con seis aciertos. La expectativa crece en todo el país ante uno de los pozos más altos del año.
Durante enero, la ANSV fiscalizó más de 537 mil vehículos en todo el país y sancionó a 2.002 conductores que manejaban con alcohol en sangre, una de las principales causas de los siniestros viales graves
