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El abogado Pérez Lloverás dijo a Cadena 3 que se trata de "un acto contrario a la ley".
Mercedes Moreno Klappenbach y Pilar Santucci denunciaron penalmente a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzoti, por la campaña en redes sociales donde se promociona la vasectomía y la ligadura de trompas para adolescentes a partir de los 16 años.
En diálogo con Cadena 3, Klappenbach señaló que la denuncia es por el incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal).
"Ella firmó la resolución contra lo que dice la Constitución Nacional y yendo también en contra del Pacto de San José de Costa Rica, que establece que se es niño desde los cero hasta los 18 años, así que cuando ella pone 16 está incentivando e incitando a hacer a los niños una esterilización masiva como si fuera un método anticonceptivo", amplió.
🏥 En hospitales públicos, centros de salud, obras sociales y prepagas deben entregar gratis el método anticonceptivo que solicites.
— Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) September 28, 2022
Para más información:
📞 Línea Salud Sexual: 0800 222 3444.
Tu pregunta es confidencial.
Y concluyó: "Carla Vizzotti cometió un error. La campaña me parece nefasta. A los 16 años los chicos no saben ni qué estudiar".
Por su parte, el abogado especialista en Derecho Penal Facundo Pérez Lloveras admitió a Cadena 3 que "es un tema altamente polémico" y avaló la denuncia.
En ese sentido, señaló que "es un acto contrario a la ley lo que ha ordenado o empleado la ministra en esta campaña".
Y profundizó: "Además de ir en contra de la Constitución y de los pactos internacionales, el Código Civil establece que los adolescentes de entre 16 y 18 años pueden tomar decisiones sobre su cuerpo; y aquí el cuidado de su cuerpo tiene que ver con acciones que no determinen de por vida su salud o su cuerpo y que sean reparadoras".
Dicho ello, resaltó "una acción de este tipo, que lo va a determinar el resto de su vida, no estaría comprendida dentro de las facultades que pueden hacer estos adolescentes sin la autorización de sus padres o de un juez".
El letrado determinó que la ministra "ha excedido en sus funciones y con esta resolución está incumpliendo su deber de hacer cumplir normas y está dictando una norma que es contraria a la ley, a la Constitución a los pactos internacionales".
Para terminar, dijo que "está bien fundada la denuncia, y que podría llegar a ser acogida por algún fiscal de instrucción por entender que la ministra ha dictado, según mi criterio, resoluciones contrarias a la ley y a la constituciones y a los reglamentos en función de lo que determina específicamente el Código Civil y Comercial de la Nación".
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