Telefonía: aprueban subas de 4% en enero y febrero

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó la aplicación de aumentos de 4% en enero y otro 4% en febrero en los servicios de comunicaciones, el mismo criterio que el gobierno nacional acordó con otras industrias como indumentaria y combustibles, entre otras.

La resolución 2.494, publicada ayer en el Boletín Oficial, dispone también aumentos de 3,5% para marzo y 3,5% para abril, “a efectos de compatibilizar los incrementos máximos con la política económica vigente”.

“Teniendo en cuenta los acuerdos que celebró el Ministerio de Economía con las cadenas de producción de bienes y servicios, por los cuales lo que no está dentro de Precios Justos sólo puede aumentar 4% mensual, aplicamos la misma consigna”, dijo el director del Enacom, Gustavo López.

“Hablamos de todo lo acordado desde el Ministerio de Economía con infinidad de actividades, para que entre todos colaboremos en bajar la inflación y además, otorgar previsibilidad al usuario”, explicó el funcionario.

Remarcó que al utilizar el “criterio general”, ahora es “responsabilidad de las empresas” aplicar los aumentos hasta el tope autorizado, o “tienen que decir a la sociedad que van a estar por fuera de los acuerdos”.

En el mercado de comunicaciones las empresas de TV paga, Internet fija y móvil y telefonía fija y móvil rechazaron en su mayoría la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 690, que identifica a estos servicios como servicio público y por ende con precios regulados. La cautelar que ordena la suspensión de la aplicación de dicho decreto fue ratificada por la actual Corte Suprema de Justicia.

Desde enero del 2021, cuando el gobierno nacional descongeló los precios de los servicios de comunicaciones y autorizó los primeros aumentos, las grandes y medianas empresas que judicializaron el tema aplicaron aumentos libremente. En cambio, la mayoría de las cooperativas y pymes del sector aplicaron sólo los aumentos que autorizaba el Enacom.

Esta nueva resolución del Ente, modifica la publicada en diciembre pasado que autorizaba aumentos para febrero y abril del año 2023. El cambio fue para “alinearnos con la política general” del gobierno nacional, agregó Lopez.

En los considerandos de la resolución, se mencionan los diversos acuerdos alcanzados por el Ministerio de Economía bajo el programa Precios Justos, que también establece topes de aumentos del 4%, con el fin de atacar la inercia inflacionaria.

“Se ha tomado conocimiento de los convenios de acuerdo de precios firmados recientemente por la Secretaría de Comercio”, se indica y señalan, como ejemplos, a los entendimientos alcanzados con el sector farmacéutico, de indumentaria, fabricantes de zapatillas y empresas productoras de insumos industriales básicos.

Con el nuevo esquema de aumentos, el Enacom afirma que se “alinea con las políticas implementadas por el Gobierno nacional y ejecutadas por el Ministerio de Economía, con el objetivo de poner orden en los precios y llevar previsibilidad y alivio a los argentinos y argentinas”, procediendo “en consonancia con el sendero de reducción de la inflación”.

La norma consideró incluso que por los plazos legales que tienen las licenciatarias para comunicar variaciones de precios, admitirán “cierta flexibilidad” en la difusión de los mismos para la primera variación de precios de este mes.

Además de los topes de aumentos, el Enacom modificó los valores máximos para los planes prepagos.

A partir del 1º de enero la carga de 50 megabits (MB) de datos móviles por día tendrá un techo del $ 41,04 (anteriormente $ 39,50); lo mismo con el segundo de voz que subirá a $ 0,63 contra los $ 0,60 que costaba en diciembre, y los mensajes de texto (SMS) subirán a $ 8,21 (contra los $ 7,90 de diciembre pasado). En todos los casos, con impuestos incluidos.

Con los sucesivos aumentos mensuales, a partir del 1º de abril la recarga de 50 MB en las líneas prepagas móviles podrá cobrarse $ 45,72; el segundo de voz $ 0,70 y SMS $ 9,14.

Para los aumentos se tuvieron en cuenta “el contexto económico” y las “dificultades que se atraviesan para todos los actores involucrados, prestadoras y público usuario”, según se señala en los considerandos de la resolución.

La actualización se fundamenta en función de “los mayores costos y el impacto de las oscilaciones de las principales variables económicas” y considerando los índices de capacidad adquisitiva de los usuarios.

Fuente: La Capital