De la tarjeta roja al silencio: el contraste entre el Tonelli concejal y el Tonelli intendente frente a un caso de violencia de género

Corría el mes de octubre de 2019 cuando el entonces concejal Daniel Tonelli, acompañado por su par Carlos Sánchez, impulsaba con énfasis la Ordenanza 2771/19, que establecía la adhesión del Municipio de Arroyo Seco a la Ley Micaela a nivel nacional y provincial. La ordenanza, aprobada por unanimidad, establecía la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todo el personal de la administración municipal, incluidos los funcionarios políticos.

Durante una entrevista con Canal 6, Tonelli explicaba los alcances de la normativa, defendía la necesidad de la formación institucional y hablaba de construir un Estado que prevenga y combata activamente la violencia de género.

En 2021, la Municipalidad —bajo gestión de Nizar Esper— firmó un convenio con la Secretaría de Estado de Igualdad y Género de Santa Fe, dando inicio a una serie de capacitaciones y ese momento, una de las mismas, estuvo destinada a concejales y personal administrativo del Poder Legislativo, con la intención de ampliar luego la formación a todas las áreas del municipio. Tonelli seguía ligado a esos espacios como figura política de referencia.

Incluso, si se retrocede aún más en el tiempo, se recuerda que el 30 de octubre de 2012, Daniel Tonelli presentó un proyecto de adhesión a la campaña nacional “Sacale tarjeta roja al maltratador”, junto a otros concejales y con la participación del equipo interdisciplinario del Centro de Asistencia Familiar. El gesto institucional buscaba enviar un mensaje claro: la violencia de género debía ser visibilizada, condenada y erradicada en todos los ámbitos de la vida social.

La campaña utilizaba el símbolo de la tarjeta roja como un llamado a frenar de forma contundente el maltrato, tomando distancia de cualquier tipo de complicidad o silencio.

Sin embargo, hoy, en su rol de intendente de Arroyo Seco, Tonelli guarda silencio frente a un hecho que involucra directamente a un miembro de su equipo político: Mario Elisei, designado por él en el área de Higiene y Seguridad, fue acusado recientemente por una empleada municipal de haberla agredido verbalmente con expresiones sexistas, en un hecho ocurrido dentro del corralón municipal y con testigos presenciales.

A pesar de haber impulsado ordenanzas y campañas que promovían la acción institucional frente a la violencia de género, el mandatario no se ha pronunciado públicamente, ni ha emitido medidas disciplinarias, ni se ha activado desde su gabinete el acompañamiento correspondiente hacia la trabajadora.

Tampoco han intervenido áreas municipales como el Punto Violeta o la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, organismos que, según el marco normativo vigente, deberían haber respondido de manera inmediata.

Una contradicción que interpela

Este nuevo episodio pone en evidencia un quiebre entre el discurso del pasado y la realidad actual del Ejecutivo municipal. Lo que alguna vez se expresó con firmeza desde una banca legislativa, hoy parece desdibujado ante la falta de respuestas en un caso concreto que requiere, más que nunca, coherencia institucional y liderazgo ético.

La “tarjeta roja al maltratador” —símbolo de aquella campaña promovida por Tonelli— se vuelve hoy una imagen incómoda, que interpela a un gobierno local que, ante un hecho de violencia de género en su propia estructura, elige callar.

El compromiso con la Ley Micaela, la ordenanza 2771/19 y la lucha por la equidad de género no puede quedar archivado ni reducido a una foto institucional. La sociedad exige, con razón, que las palabras se traduzcan en hechos y que los principios que se pregonan se defiendan también cuando tocan de cerca.