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A meses de que termine su mandato, la concejala de La Campora, Josefina Artusa, presidió la semana pasada, la sesión ordinaria más veloz que pudo conocerse. En dos minutos y medio, el Ejecutivo llevó a cabo un escueto orden del día.
Por la ausencia de Matias Atoresi y Daniel Tonelli que estaban en actos de su campaña política, Artusa ocupó la presidencia del concejo en los pocos minutos que duró la sesión en la que no hubo ningún proyecto y propuesta de los cuatro legisladores presentes.
Solo se procedió a mencionar la correspondencia recibida, incluyendo la comunicación de inasistencia de Tonelli y Atoresi, y una reunión solicitada por vecinos del barrio Playa Mansa para después de las elecciones. Posteriormente, se dio curso a mensajes del Ejecutivo y se aprobó el único despacho de la Comisión de Obras Públicas aprobando el decreto que acepta subsidio de movilidad educativa correspondiente al mes de julio.
Posteriormente, la propia legisladora criticó la pobreza de la sesión. “No había proyectos ni despachos porque últimamente no hay quorum en las reuniones de comisión, resulta complicado todo y por eso, la pobreza del orden del día”, expresó dejando en claro que hay otros colegas que últimamente se ocuparon más de su campaña electoral que de la actividad propia del Concejo.
Evidentemente, habrá que esperar que pasen los comicios de mañana, para que todo el cuerpo legislativo se pongo a tono sobre los temas pendientes. Entre ellos, responder al pedido de informe sobre el uso del recurso de viáticos de cada edil que solicitó este medio, como también la compra del terreno para la construcción del edificio que quedó allí encajonado.
Lo llamativo de la concejala es su postura crítica sobre el funcionamiento del cuerpo, que ella misma integra, a meses de retirarse de la función; después de casi cuatro años de no haber aportado proyectos interesantes, de haber destinado sus recursos de viáticos para actividades de su agrupación y después de saberse sobre su cercanía al oficialismo que incluso le habría ofrecido un cargo luego del 10 de diciembre.
Los procedimientos los llevó adelante la división operativa de la Policía Federal con el objetivo de desbaratar una organización que vendía estupefacientes en barrio Ludueña.
El ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, confirmó que el asesinato del empleado de la Agencia de Investigación Criminal fue un ataque directo hacia él. Dijo que no se conocían amenazas previas.
El dato fue resaltado por el titular de la fuerza en el acto por 62º aniversario de la creación de la Guardia Rural.
El niño se cayó al agua cuando no estaba bajo la supervisión de sus padres. Médicos intentaron salvarlo, pero no lo lograron.
El imputado es el jefe de la Unidad Regional VIII, quien deberá realizar una caución real de 1.000.000 de pesos y cumplir reglas de conducta. El ilícito ocurrió a la altura del kilómetro 362,5 de la ruta nacional número 8.
