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La familia de Luna Aylén Zárate, la adolescente de 13 años que murió tras ser atropellada y cuyo cuerpo permaneció más de un mes sin identificar en el Instituto Médico Legal (IML), mantuvo este lunes una reunión clave con el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, y la fiscal de Homicidios Culposos, Valeria Piazza Iglesias.
Al finalizar el encuentro, Patricia Varela, abogada de la familia, y Marisol, abuela de la víctima, fueron contundentes al señalar las deficiencias del sistema que impidieron localizar a la menor de manera temprana.
Para la querella, el punto crítico no estuvo en la investigación del accidente vial, sino en la inacción del área encargada de localizar a personas desaparecidas. “La falla fue en Búsqueda de Paradero”, sentenció la abogada Varela ante la prensa.
La profesional explicó que, si bien la Policía de Investigaciones (PDI) realizó consultas en hospitales, omitió contactar formalmente a la morgue. “No puede haber una menor 40 días en el Instituto Médico Legal cuando su desaparición era pública y el pedido de paradero estaba activo. Lo primero que debe hacer esa oficina es descartar si la persona está viva o muerta en nosocomios y morgues”, remarcó.
La familia subrayó la contradicción de que, habiendo imágenes de Luna circulando en los medios y una alerta vigente, ningún organismo cruzara los datos con el cuerpo que había ingresado al IML tras el siniestro. Incluso, se mencionó la vigencia del Alerta Sofía, un protocolo nacional que, según la abogada, no fue aprovechado correctamente en este caso.
Por su parte, la abuela de Luna, aunque se mostró conforme con las explicaciones técnicas de los fiscales sobre la mecánica del accidente, no ocultó su indignación: “El Instituto Médico Legal y Búsqueda de Paradero de personas nunca se comunicaron con nosotros. Es una negligencia bárbara”.
Otro de los ejes de la reunión fue el acceso a las cámaras de seguridad. La familia busca reconstruir el trayecto que realizó Luna desde que bajó de un Uber en una estación de servicio hasta el lugar donde ocurrió el choque, cuatro horas después.
Sin embargo, existe el temor de que algunas grabaciones críticas de comercios privados ya hayan sido borradas debido al tiempo transcurrido (más de 40 días) desde el hecho.
Según trascendió, el propio fiscal regional Matías Merlo habría admitido durante la audiencia que existe un problema estructural de falta de comunicación entre los distintos organismos del Estado y el Instituto Médico Legal.
A partir de ahora, la familia podrá acceder formalmente a las copias de los dos expedientes: el que investiga el homicidio culposo por el siniestro vial y el legajo administrativo de la búsqueda de paradero, para determinar si hubo responsabilidades penales o administrativas por la demora en la identificación.
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