Los reclusos se escaparon este jueves a la mañana rompiendo barrotes y eran buscados por la policía. La Justicia provincial investiga si hubo facilitamiento de fuga
Cuatro reclusos se fugaron este jueves a la mañana de la alcaidía de Jefatura rompiendo los barrotes de la celda donde estaban alojados. Personal policial los buscaba intensamente y comunicó la situación a la Justicia provincial.
Según indicó el periodista de Radio 2 Héctor López los cuatro presos limaron los barrotes del lado oeste de la alcaidía de la Jefatura de zona sur.
Al momento de la fuga había 425 presos alojados en el predio. De los cuatro fugados, uno estaba detenido por homicidio y los otros por robo o robo calificado.
La justicia provincial investigaba si existió facilitamiento de fuga. Hasta la tarde de este jueves no se habían informado pases a disponibilidad de los agentes encargados de la custodia.
Este domingo, un hombre advirtió sobre la presencia de los restos óseos cuando pescaba y avisó a la Policía. Intervino personal de Prefectura Naval, Bomberos Zapadores y un buzo táctico. La Fiscalía de Homicidios Dolosos investiga su procedencia
La fiscal Noelia Navone habló en la escena atroz junto al río, donde todo indica que se produjo un femicidio seguido de suicidio. Los dos cuerpos fueron encontrados dentro de un auto prendido fuego: “Estaban calcinados”, describió la funcionaria judicial
El acusado, de 30 años, habría golpeado, amenazado y privado de la libertad a su pareja durante un violento episodio ocurrido el 23 de agosto. La Justicia dispuso su prisión preventiva hasta el 2 de octubre.
Fue este miércoles, en la ciudad del centro de la provincia de Santa Fe. Aunque falta confirmación oficial, en principio falleció por asfixia. Testimonios de maltratos contra el pequeño abonan la hipótesis fiscal inicial
Daniel Alejandro Rosatelli, integrante de la Policía entrerriana, quedó detenido este miércoles en el marco de una investigación por narcotráfico. La camioneta utilizada para transportar el cargamento habría sido provista por el funcionario. La Justicia busca determinar qué grado de participación tuvo y qué sabía sobre el uso del vehículo