Una red de producción y venta de pornografía infantil por internet fue desbaratada mediante operativos simultáneos en 10 países, entre ellos Argentina, donde 39 personas quedaron imputadas y se secuestró material, equipos y dinero, informó el Ministerio de Seguridad.
En Argentina, unos 200 detectives efectuaron allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán y Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires, en los que secuestraron más de 1.500 CD y 20 discos externos con material pornográfico con niños, además de equipos de vídeo y computadores.
En el marco de estos procedimientos, 39 personas -todas argentinas y adultas, la mayoría hombres- quedaron imputadas, aunque no detenidas, debido a que los delitos tecnológicos y de pornografía son excarcelables.
La información fue suministrada en el Ministerio de Seguridad, por el jefe de la Policía Federal, Román Di Santo; el jefe de Delitos Tecnológicos de la fuerza, Walter Bernal, y el subsecretario de Investigación del Delito Organizado y Complejo de esa cartera, Carlos Silva.
Los funcionarios hablaron con la prensa ante una cincuentena de cajas franjadas y etiquetadas con los domicilios de diversas localidades, que contenía el material secuestrado, además de media docena de computadoras y dispositivos, como discos externos y otros acumuladores de memoria.
Los funcionarios indicaron que entre los imputados hay un amplio espectro de actividades, con profesionales como ingenieros y técnicos en informática y hasta un asesor legislativo de Tucumán.
Los dos operativos más importantes del país se realizaron en San Miguel de Tucumán y en La Plata, ciudades desde las que se emitía el material pornográfico en horarios puntuales a clientes de diversos puntos del mundo.
En la capital tucumana, dentro de un ambiente camuflado con un entrada disimulada en el techo se realizaban películas en tiempo real, con la participación de niños de dos a 12 años, que eran emitidas en vivo por la red para usuarios de Europa y América Latina.
En La Plata había un laboratorio que recopilaba todo material con aubso sexual de menores que se subiera a internet en el país y el exterior y se armaban películas que eran ofrecidas en forma masiva a nivel internacional mediante el sistema de "streaming", es decir para ver en el momento en que se carga a la red.
Para ver este material, tras pagar por internet, los clientes recibían un código que les permitía entrar en el momento preciso, y esa se supone que era la principal fuente de ingresos de la banda, a la cual también se le secuestró dólares por una suma superior a los 100 mil.
Los otros nueve países involucrados en la investigación y donde se realizaron los operativos simultáneos son Uruguay, España, Ecuador, Costa Rica, Venezuela, Perú, Colombia, Chile y Brasil.
Silva comentó que todo comenzó hace poco más de seis meses, durante una reunión en Costa Rica, luego de que se detectara un sistema cerrada de ingercambio de imágenes de usuarios de varios países de la región, mediante el cual se comercializaba pornografía infantil.
Allí, miembros de la Policía Internacional (Interpol), bajo supervisión de la Policía Federal Argentina, que es cabecera del organismo en América del Sur, elaboraron las operaciones internacionales "Historia" y "Pureza 2", que en Argentina se concretaron con 10 y 19 operativos, respectivamente.
Di Santo manifestó su beneplácito porque "es la primera vez que se pusieron de acuerdo 10 países para un operativo de este tipo", al lograr coordinar cuestiones legales y de forma, todo encabezado por Interpol.
Sobre los resultados en los operativos en los otros países se sabía que fueron exitosos aunque no había información precisa sobre detenidos o imputados, debido a que son variadas las legislaciones para estos delitos.
En cuanto a la investigación de los clientes, el jefe de la Policía Federal señaló que también se seguirá esa línea pero aclaró que es muy difícil establecer la identidad (IP) de las computadoras que recibían el material de la banda.
Respecto de la situación de los niños involucrados, Di Santo aclaró que se encuentra bajo secreto de sumario dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal y Contravencional de Faltas 31 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Susana Parada, que interviene en la causa.
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