El juez Caterina tomó la decisión. Ahora entiende que sería una “desaparición forzada de persona”, delito de orden federal y considerado de lesa humanidad cuando hay agentes de fuerzas estatales involucrados.
El juez Luis María Caterina dispuso este viernes que la investigación de las circunstancias que rodean la muerte del joven Gerardo Escobar, ocurrida en agosto pasado, pase a la Justicia federal al entender -como insisten los querellantes- que hay indicios para considerar que el caso configura el delito de “desaparición forzada de persona”.
El magistrado tomó la decisión este viernes por la mañana, en una nueva audiencia de partes, y concedió así el propósito que la familia del joven y la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia venían promoviendo desde la querella. No quieren que el caso siga estando en manos de la justicia provincial para que no sea la policía ordinaria quien actúe en la instrucción de la causa. Precisamente, porque entre los cinco imputados, hay 3 policías.
El juez entendió que “hay elementos que infieren una posible participación de agentes policiales en la desaparición y aparición sin vida del joven Gerardo Escobar”, lo que deriva en un delito federal del lesa humanidad, consignó un portavoz del Ministerio Público de la Acusación.
El abogado de la querella, Salvador Vera, destacó en diálogo con Rosarioplus.com como “trascendente” el fallo ya que es “la primera vez que la justicia provincial reconoce la participación de la institución policial en la desaparición de una persona”.
Aunque conforme con la resolución, Vera advirtió que será un camino largo hacia el fuero federal, porque “la defensa ya anunció que va a apelar, lo que demandará más plazos”. La resolución aún no queda firme, pero fue favorable al pedido de la defensa y de familiares de Pichón, que buscaban recusar al juez y declarar nula la audiencia de este viernes, que finalmente se dio con curso favorable a su reclamo.
Esta decisión por parte del juez Caterina será fundamental para encontrar a más responsables policiales además de los cinco imputados, ya que “no pudo haber desaparición forzada sin más ayuda de efectivos desde la Seccional 3º y del Comando Radioeléctrico”.
Vera recordó que de ir al fuero federal, la causa se encaminaría hacia la hipótesis de la propia querella de que “es alta la probabilidad de que Escobar haya sido torturado en la seccional 3º, como hoy destacó el juez, y que haya salido sin vida de allí”. Es que el abogado de la Asamblea de la Niñez recordó testimonios que “mostraron que en el horario de su desaparición hubo el ingreso de una persona en la Seccional 3º, sin registro, que fue golpeada y se escuchaban gritos”.
Escobar tenía 23 años y el 14 de agosto pasado acudió a bailar al bar La Tienda, en Tucumán al 1100. De allí salió y hasta ahora no quedó en claro qué fue de él. Lo cierto es que una semana después su cadáver apareció flotando en el río. La autopsia y exámenes posteriores indicaron que la causa de muerte fue asfixia, aunque no por sumersión en el agua. Hay cinco personas involucradas, todas relacionadas con el sistema de seguridad y vigilancia del local que, luego, fue clausurado por la municipalidad.
La víctima estaba internada en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria desde el pasado 20 de octubre cuando intentó frenar una pelea a la salida del salón de eventos donde festejó los 15 su sobrina. Después de múltiples golpes, un joven de 19 años le propinó una patada en la cabeza mientras estaba en el piso. Este domingo se confirmó su deceso
Claudina se presentó en el Instituto Médico Legal para reconocer el cuerpo de su hija. "No puede seguir pasando esto, ni en San Lorenzo ni ninguna otra parte del país. Basta”, dijo.
El jefe de la Policía de Investigaciones, Natalio Marciani, confirmó que uno de los detenidos en la noche del jueves fue quien aportó información que les permitió encontrar el cadáver de la joven. “Todos nos hace presumir que la muerte fue cercana al día de la desaparición”, señaló
Lo halló la Policía de Investigaciones tras allanamientos que realizó en la noche de este jueves en Puerto General San Martín, donde había sido secuestrado un 308 gris que se presume que tendría relación con la desaparición de la joven de 20 años que había sido vista por última vez el 30 de octubre.