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Se trata de trabajadores del área de Control Interno que sustraían medicamentos y material descartable. Aceptaron su culpabilidad en un juicio abreviado y deberán pagar multas, además de quedar inhabilitados para trabajar en salud.
En una resolución judicial dictada este martes, cuatro empleados del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) fueron condenados por el robo de insumos hospitalarios y medicamentos ocurrido durante el año pasado. La jueza Hebe Marcogliese homologó el acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal José Luis Caterina y la defensa, poniendo fin a una causa que había generado gran indignación en la comunidad sanitaria.
Los condenados desempeñaban funciones en el área de Control Interno del hospital, paradójicamente el sector encargado de custodiar los recursos. Las penas se distribuyeron de la siguiente manera:
Antonio Alegre (Coordinador del área): 3 años de prisión de ejecución condicional. Se lo acusó de no denunciar los hurtos y descuidar la custodia de los elementos bajo su cargo.
Darío Febre, Oscar Lazarte y Eduardo Torrilla: 5 meses y 15 días de prisión.
Además de las penas de prisión, todos los involucrados deberán abonar una multa de 200.000 pesos y han sido castigados con una inhabilitación especial por un año para desempeñarse en cualquier establecimiento vinculado a la atención de la salud.
La investigación determinó que los empleados sacaban los elementos del hospital escondidos en mochilas o cajas de cartón. Durante los allanamientos realizados en sus domicilios, la policía secuestró una gran cantidad de material que incluía:
Medicamentos: Cajas de Losartán, Enalapril, Amlodipina y muestras médicas cuya venta está prohibida.
Material descartable: Decenas de barbijos, agujas médicas, vendas y bolsas de gasas.
Insumos líquidos: Soluciones fisiológicas y agua oxigenada de gran volumen.
En particular, a uno de los empleados, Darío Febre, se le atribuyó el almacenamiento de una enorme variedad de fármacos (como Polipep, Valsalep y Dioxaflex, entre otros) con aparentes fines de comercialización.
Tras la homologación del acuerdo, los cuatro hombres recuperaron la libertad, aunque quedaron sujetos a las normas de conducta impuestas por la condena condicional. El caso deja al descubierto una falla crítica en los mecanismos de vigilancia interna de uno de los centros de salud más importantes de la región, que ahora deberá reforzar sus protocolos para evitar nuevas filtraciones de recursos públicos.
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