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El delito fue consumado el sábado 6 de febrero en un campo ubicado en las afueras de Reconquista. Los condenados son dos hombres de 31 y 35 años, respectivamente. En una audiencia realizada ayer, se les impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, deberán pagar 10 mil pesos cada uno y tendrán que realizar tareas comunitarias.
Foto: Imagen Ilustrativa
Hugo Alberto Gómez de 31 años y Leonardo Sebastián Fernández de 35 años fueron condenados ayer por haber robado una vaca el sábado 6 de febrero en una estancia ubicada en las afueras de la ciudad de Reconquista. La pena fue resuelta en el marco de un juicio abreviado y consiste en tres años de prisión de ejecución condicional; la donación de 10 mil pesos cada uno a la escuela número 597 P.B. Palacios; y la realización de tareas comunitarias.
La condena fue acordada por el fiscal del MPA, Aldo Gerosa, y la abogada defensora, Cynthia Pellegrini. El delito que se les atribuyó fue abigeato calificado por la participación de persona que se dedica al cuidado de ganado, y por la participación de tres o más personas. El juez que homologó el acuerdo fue Ireneo Berzano.
"En sólo 10 días logramos resolver el caso y con condena para los autores del delito", valoró Gerosa. "Además de la pena de ejecución condicional, se establecieron reglas de conducta para los dos hombres:deberán fijar residencia en Reconquista y no podrán acercarse ni al campo de la empresa Huegen del que robaron la vaca, ni a sus propietarios", detalló el fiscal.
Gerosa también hizo hincapié en la donación de dinero y en la realización de tareas comunitarias que deberán hacer los dos condenados. "En los próximos cinco días deberán donar 10 mil pesos cada uno a la escuela Palacios, y también tendrán que realizar trabajos de mantenimiento edilicio no remunerados hasta diciembre de este año en beneficio del Jardín de Infantes Nucleados número 8.159".
Por su parte, el fiscal regional de la Cuarta Circunscripción Judicial, Eladio García, sostuvo que "hubo una solución rápida y eficaz, en la que se respetaron los derechos y garantías de todos los involucrados en el conflicto penal, y los legítimos intereses de la sociedad que demanda la sanción penal de los infractores a las normas. Esta es una herramienta que presenta el sistema como alternativa al juicio oral –concluyó García–, y que implica acuerdo entre fiscal e imputado sobre la existencia de un delito, la responsabilidad penal del acusado y la pena aplicable".
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