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Desde el gobierno santafesino adjudicaron a "la eficiencia en el proceso de compra" la chance de aumentar el número final de móviles policiales y penitenciarios que se sumarán. La semana pasada se licitó también la adquisición de 500 motos.
Se apunta a reforzar la flota tanto policial como penitenciaria. (Gobernación)
La Provincia anunció que incorporará 140 patrulleros más de lo que tenía previsto para reforzar la seguridad en todo el territorio santafesino, que se sumarán a los 700 vehículos licitados y a los 100 incorporados por compra directa en abril pasado; y a las 500 motos enduro licitadas el último viernes.
El gobierno santafesino busca "robustecer la flota policial y pentienciaria", sostuvo la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani.
"En ese marco, el pasado mes de abril llevamos adelante una licitación pública acelerada, de acuerdo con la Ley de Emergencia (Nº 14.237, correspondiente al “Estado de Emergencia en Seguridad Pública en la Provincia de Santa Fe”) que posibilitó la compra de 700 patrulleros equipados para tareas preventivas. A partir de un uso eficiente de los limitados recursos del Estado, hemos efectuado un mejoramiento de la oferta lo cual permitió que el monto inicial fuese reducido y, en uso de las facultadas que nos confiere la legislación vigente, ampliamos un 20 % la oferta para la adquisición, finalmente, de 840 patrulleros", precisó.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
