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La provincia abrió 300 nuevos comedores para ayudar a las familias en el gran Rosario y Santa Fe.
La Secretaría de Desarrollo Territorial informó un aumento del 30% en la demanda social durante 2024, con epicentro en Rosario y Santa Fe capital, donde la pobreza e indigencia marcaron desafíos significativos. En este contexto, se prorrogó la emergencia social para garantizar recursos en los barrios más vulnerables.
El titular del área, Sergio Basile, destacó que el ordenamiento de recursos permitió auditar comedores y redistribuir ayudas. Aunque se cerraron espacios irregulares, se abrieron 300 nuevos, fortaleciendo la atención a sectores en situación crítica.
Según el Indec, el 42,5% de los hogares santafesinos están bajo la línea de pobreza y el 13,6% bajo la línea de indigencia, lo que motivó la extensión de la emergencia social por seis meses más. Este esfuerzo incluye trabajo descentralizado en coordinación con gobiernos locales.
Basile subrayó que el objetivo es atender cada demanda con precisión, evitando la superpoblación de comedores en una misma área, mientras se refuerza la presencia estatal en los barrios más necesitados.
Tras la última sesión del año, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados trazó un balance del año legislativo y afirmó: “En un momento de la política del país donde todo es crispación, la predisposición al diálogo y a la búsqueda de consenso es una marca de identidad de la política santafesina”.
El Ministerio de Economía confirmó que ese martes se abonará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario a activos y pasivos de Santa Fe.
La segunda audiencia pública se realizó este miércoles en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad. “Las actividades que desarrollamos en Santa Fe y Rosario conllevan un profundo valor democrático”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa. Hubo más de 60 oradores y 150 oyentes.
Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje.
Fue votada por legisladores de distintos bloques que también se comprometieron a sancionar una ley de salud que tenga en cuenta el caso para mejorar procesos de control y trazabilidad de medicamentos, así como también el acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.
