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El Senado santafesino dio sanción definitiva al proyecto de la diputada Ximena Sola. No estará permitido el nombramiento preferencial en cargos y empleos a integrantes del grupo familiar primario de los trabajadores que hayan fallecido o que se acojan al beneficio de la jubilación
El Senado provincial en la sesión de este jueves.
El Senado provincial dio sanción definitiva al proyecto presentado por la diputada provincial Ximena Sola que tiene por objeto la prohibición de la designación de cargos públicos hereditarios en la Administración Pública Provincial.
La iniciativa de la legisladora del Pro logró la aprobación de la mayoría de los diputados el 29 de noviembre de 2024.
Luego, en sesiones extraordinarias, el gobernador Maximiliano Pullaro habilitó su tratamiento y desde entonces, en dos oportunidades, el Senado le renovó una preferencia.
El senador Felipe Michlig afirmó en la sesión de este jueves que "este proyecto representa un paso significativo hacia una administración pública más justa y transparente".
El proyecto ahora convertido en ley prohíbe "la designación preferencial en cargos y empleos a integrantes del grupo familiar primario de los trabajadores que hayan fallecido o que se acojan al beneficio de la jubilación".
La norma busca "eliminar cualquier forma de nepotismo y favoritismo en la designación de cargos y empleos" en el ámbito del sector público provincial.
"Este es un mensaje para los santafesinos que reclaman que se terminen ciertos privilegios que existen atentan contra el mérito, el esfuerzo y la eficiencia que hay que tener en el Estado", subrayó la diputada.
La ley pretende terminar con ítems de "convenios colectivos de trabajo", como en el caso de la EPE, que reservan cargos a familiares directos de quienes ya están empleados, agregó.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
