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El pedido es para los departamentos 9 de julio, San Cristóbal, Vera; y localidades de San Justo y General Obligado.
Se reunió esta mañana en el salón Amarillo del Ministerio de la Producción, la Comisión de Emergencia Agropecuaria. El encuentro estuvo presidido por el ministro de la Producción, Carlos Fascendini, quien estuvo acompañado por los secretarios del Sistema Agropecuario, Luis Contigiani; y del Sistema Hídrico, Forestal y Minero, Roberto Tion.
Luego de cotejar los informes técnicos elaborados por las diversas delegaciones ministeriales de los departamentos implicados y por diversas delegaciones del INTA, la Comisión decidió sugerirle al gobernador que declare la emergencia agropecuaria para los departamentos 9 de julio, San Cristóbal y Vera; San Justo (desde su capital hacia el norte) y General Obligado (desde la Ruta 11 hacia el oeste).
"La declaración de emergencia o desastre le permite al productor la prórroga impositiva, en el primer caso, y la condonación de impuestos provinciales, si se trata de un desastre. Pero esta declaración, igualmente, habilita a que la Provincia solicite al Gobierno Nacional la exensión de impuestos nacionales, cuando la situación lo amerite, y la posibilidad de asistencia financiera a partir de aportes directos que pueda recibir la provincia de Santa Fe", explicó el ministro Fascendini.
Los informes de situación elaborados, por ejemplo, sobre los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio, demuestran un marcado deterioro de los sistemas productivos de la zona, tanto a nivel de campo natural como de pasturas implantadas. Esta situación se debe, fundamentalmente, al arrastre de un período de sequía que se prolonga desde enero del corriente año y que continúa a otro que le perdura en el tiempo y que comenzara en 2008.
Las actuales condiciones de sequía que azotan al norte provincial afectan la agricultura (problemas de germinación y emergencia en el trigo, por falta de humedad, por ejemplo), la ganadería y la lechería (pastizales naturales sin producción de forraje y pasturas implantadas con escasa producción, que generan pérdidas en el estado corporal de los animales).
Del encuentro formaron parte también legisladores, funcionarios provinciales y comunales, representantes de Senasa, Inta y del Colegio de Veterinarios 1º Circunscripción; miembros de Carsfe, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina, Fecet; y técnicos del Ministerio de la Producción.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
