Con la promulgación de la ordenanza Nº 9.156 sancionada por el Concejo Municipal, Rosario se sumó a otras localidades del sur santafesino (como Funes y Granadero Baigorria) en la exigencia de las inmobiliarias a estar matriculadas en el colegio profesional para poder ser habilitadas y funcionar como tales. Esta normativa puso en apuro a las inmobiliarias.
Es que desde la sede rosarina del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe calculan que en el sur provincial son 400 firmas las que no están matriculadas, y de no reempadronarse en 120 días quedarían clausuradas. “De ese total, entre el 80% y 85% están radicadas en Rosario”, le dijo a punto biz Javier Grandinetti, presidente de la entidad y titular de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira).
Y el área municipal de Habilitaciones parece que se tomaron muy en serio la regulación. El pasado viernes, una cuadrilla de 10 inspectores salieron a recorrer las inmobiliarias de la ciudad para dar aviso a sus titulares de la disposion vigente y le dieron el plazo de 4 meses para reempadronarse. En caso contrario, volverían pero con el único propósito de clausurar el local.
La disposición del Concejo prendió el reloj de la cuenta regresiva. Es que de acuerdo a la normativa sancionada, a partir de ahora sólo podrán ejercer la actividad quienes estén matriculados en el Colegio. Por eso, para tener una lista completa y actualizada de las inmobiliarias que estén funcionando con todas las de la ley, sus titulares ya estén en plena actividad o aquellos que deseen comenzar a ejercer la actividad deberán reempadronarse en la entidad que los nuclea dentro de los próximos 120 días.
De acuerdo a cálculos que manejan desde la sede de Rosario del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, el impacto en el sector sería fuerte y, de una vez por todas, se terminaría con “fraudes” e irregularidades en la profesión. “En todo el sur santafesino hay unos 1.000 inmobiliarios matriculados. Pero creemos que son casi unos 400 los que no tienen matrícula del Colegio, aunque funcionan igualmente”, precisó Grandinetti quien agregó también que del número total, “el 80% pertenece al Rosario”.
A principios de 2011 (el 17 de enero de ese año se publicó en el Boletín Oficial) se sancionó una normativa que creó en la provincia el Colegio de Corredores (ley Nº 13154 ). “Para ejercer la actividad de agente o corredor inmobiliario se requiere estar habilitado conforme las disposiciones de la presente ley y estar inscripto en la matricula correspondiente. La matriculación se regirá por el procedimiento regulado por el Colegio de Corredores Inmobiliarios”, especifica el artículo 3 de la normativa.
A partir de allí, se comenzó a exigir a los operadores un título reconocido el Ministerio de Educación de la Nación –el de Corredor Inmobiliario–. Es más, el 12 de abril de ese mismo año se aprobó el reglamento de matriculación para los profesionales del sector, quienes deben cumplir 14 puntos para poder ejercer correctamente el corretaje.
Hasta ese año, un gran número de firmas funcionaban sólo con habilitación municipal sin contar con el ok del Colegio. Por eso, tras aprobarse la regulación a nivel provincial, la entidad comenzó a caerle con la ley a quienes no se ajustaban a los requisitos. “A pesar que avanzábamos en la Justicia contra estas inmobiliarias, nada les impedía seguir en actividad. Pero ahora cambia radicalmente el escenario actual porque en 120 días, de no estar reempadronadas, podemos clausurarlas. Somos una especie de policía de la profesión”, precisó Grandinetti.
El Ministerio de Economía confirmó que ese martes se abonará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario a activos y pasivos de Santa Fe.
La segunda audiencia pública se realizó este miércoles en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad. “Las actividades que desarrollamos en Santa Fe y Rosario conllevan un profundo valor democrático”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa. Hubo más de 60 oradores y 150 oyentes.
Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje.
Fue votada por legisladores de distintos bloques que también se comprometieron a sancionar una ley de salud que tenga en cuenta el caso para mejorar procesos de control y trazabilidad de medicamentos, así como también el acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.
La primera audiencia pública se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados en la ciudad capital. Contó con la presencia del intendente, Juan Pablo Poletti, y el secretario de Municipios y Comunas del gobierno provincial, Horacio Ciancio. “Comenzamos a discutir una de las leyes más importantes de la nueva Constitución. El objetivo es modernizar el funcionamiento de cada localidad de la provincia”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa.