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El diputado del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, logró que la Cámara baja aprobara en la última sesión un pedido de informes relacionado con las funciones de la Subsecretaría de Control de Armas y Prevención de la Violencia Armada.
Convencido de que la violencia en Rosario se alimenta del mercado ilegal de armas, el diputado del Movimiento Evita Eduardo Toniolli logró que la Cámara baja aprobara en la última sesión un pedido de informes relacionado con las funciones de la Subsecretaría de Control de Armas y Prevención de la Violencia Armada, para conocer si la provincia –los poderes Ejecutivo y Judicial– aplica en forma correcta la ley nacional 25.938 que regula el secuestro y control de las armas de fuego.“El Estado provincial tiene obligación de denunciar al Renar todas las armas extraviadas o sustraídas a la Policía y todas las armas incautadas en operativos”, explicó Toniolli. “Sin embargo, el Registro Nacional de Armas de Fuego informó que durante 2013 la Unidad Regional II secuestró 1.195 armas de fuego en distintos procedimientos y sólo informó el destino de tres de ellas. Esto configura una violación abierta del artículo 2º de la ley, que exige se informe dentro de los 10 días hábiles, irregularidad en la que el Poder Judicial también tiene responsabilidad”, abundó Toniolli.
Con ese y otros argumentos, el titular de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja presentó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad –aprobado sobre tablas el último jueves–, sobre el cumplimiento de la normativa nacional de coordinación entre el Renar y las policías provinciales, tal como lo regula la ley 25.938. El proyecto lleva además las firmas de los diputados del sub-bloque 100% Santafesino-Frente Renovador, Germán Kahlow y Darío Vega. Toniolli opinó: “Resulta llamativo y preocupante que se hayan reportado 178 extravíos de armas de agentes de la fuerza pública en un año sólo en Rosario”. Por ello, destacó que el pedido de informes “pretende indagar sobre el destino del abundante armamento secuestrado en operativos policiales, y de la gran cantidad de armas y municiones extraviadas o sustraídas a la Policía santafesina”. El titular del PJ rosarino agregó: “La provincia atraviesa un complejo momento respecto de la resolución violenta de conflictos, sobre todo en las grandes urbes. La tasa de homicidios del departamento Rosario, la más alta del país, es expresión de ello. Un elemento distintivo de esa situación es la extendida presencia de armas de fuego ilegales en manos de la población, mercado alimentado, en gran parte, por las mismas fuerzas de seguridad”.
El Ministerio de Economía confirmó que ese martes se abonará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario a activos y pasivos de Santa Fe.
La segunda audiencia pública se realizó este miércoles en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad. “Las actividades que desarrollamos en Santa Fe y Rosario conllevan un profundo valor democrático”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa. Hubo más de 60 oradores y 150 oyentes.
Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje.
Fue votada por legisladores de distintos bloques que también se comprometieron a sancionar una ley de salud que tenga en cuenta el caso para mejorar procesos de control y trazabilidad de medicamentos, así como también el acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.
La primera audiencia pública se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados en la ciudad capital. Contó con la presencia del intendente, Juan Pablo Poletti, y el secretario de Municipios y Comunas del gobierno provincial, Horacio Ciancio. “Comenzamos a discutir una de las leyes más importantes de la nueva Constitución. El objetivo es modernizar el funcionamiento de cada localidad de la provincia”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa.
