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El arzobispo de la arquidiócesis de Santa Fe y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor José María Arancedo, afirmó que "no podemos acostumbrarnos a convivir con el delito, la inseguridad y la muerte".
El prelado emitió un comunicado en el que asegura estar "conmovido" ante la inseguridad que vive Santa Fe capital.
"Elevo mi voz de repudio por estos hechos, siento la necesidad de hacer un llamado a toda la sociedad, en especial a las autoridades y a la dirigencia, para tomar conciencia de la gravedad de los hechos que hemos vivido", manifestó.
"Muchas son las causas que pueden concurrir en estos hechos, hablamos de marginalidad, del avance de la droga, de ausencia de una cultura de valores que dé sentido a la vida y sostenga el nivel de nuestras relaciones, como también de una deuda pendiente de la política", aseguró.
"Esta critica realidad que vivimos nos debe convocar a todos los santafesinos, más allá de nuestras pertenencias y funciones, a asumir actitudes y conductas que nos ayuden a crear las condiciones de una sociedad donde los valores de la vida y la paz, del trabajo y la justicia, de la honestidad y la ejemplaridad, sean la fuente de una sociedad más humana, justa y solidaria", agregó.
"Es importante, para ello, valorar el rol de la familia y de la escuela como lugares privilegiados de trasmisión de cultura y estilos de vida, de proyectos y de amistad social, como también vivir bajo el imperio de la ley en el marco de la Constitución. La presencia de los medios de comunicación social ocupan un lugar de relieve en nuestra sociedad, por ello valoramos y comprometemos su labor al servicio del bien de la comunidad", indicó.
"En este contexto de dolor e indignación, hago un llamado urgente y respetuoso a las autoridades, como a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a movilizar todas nuestras fuerzas al servicio de la vida y del bien común", expresó luego.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
