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La Cámara de Diputados de la provincia convirtió en ley la suspensión por 365 días en todo el territorio provincial de las ferias tipo saladitas.
Foto: Imagen Ilustrativa
El senador radical Hugo Rasetto (del departamento Iriondo) explicó las características de la ley sancionada ayer por la Legislatura provincial.
En declaraciones radiales, el legislador expresó que “el espíritu (de la norma) es que la provincia de Santa Fe regule este nuevo concepto comercial que ha aparecido hace unos años a nivel nacional y comienza a tener vida desde hace un tiempo en la provincia”.
A propósito, Rasetto remarcó que “la legislación va regulando lo que pasa en la realidad. Cuando la legislación reguló el comercio, reguló el contrato de trabajo, el contrato de locación –ilustró–, evolutivamente fue regulando las cuestiones tributarias a nivel nacional, provincial y municipal. Pero nunca existió una concepción novedosa que es la ‘saladita’. Siempre se concibió el comercio como una relación comercial tradicional”. Sobre el nuevo formato comercial, el senador aclaró que “no se lo puede llamar relación laboral o contrato de locación, para eso el Estado –continuó– no está preparado. Tenemos que abordarlo”.
Por ello, “se puso un lapso de un año, suspendiendo la radicación en la provincia de estos formatos comerciales. En ese año, la provincia se toma la responsabilidad de convocar a los interesados a los fines de regular esta nueva concepción comercial”, esgrimió.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
