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Ayer se reunieron los delegados seccionales del sindicato docente. Piden audiencias con los legisladores y ya organizan movilizaciones locales.
Reunión de delegados seccionales de Amsafé
"Pedimos un urgente aumento de salarios", expresó la secretaria general de Amsafé provincial y de la Ctera, Sonia Alesso, tras la reunión con los 19 delegados seccionales realizada ayer en Santa Fe. Aunque no hay fecha acordada todavía, se fijó la realización de una nueva asamblea provincial donde no se descarta que haya propuestas de nuevos paros. También hay reclamos para la Nación.
Alesso repasó que a la exigencia de aumento salarial, tanto para los docentes que están en las aulas como jubilados, se suma el reclamo para terminar con la aplicación de la "tablita de limitación de licencias médicas" y la actualización de las asignaciones familiares.
En ese pliego de reivindicaciones que acordaron los delegados del magisterio de toda la provincia, también figura "la resolución inmediata de los problemas de infraestructura".
Los reclamos se extienden tanto a la provincia como a la Nación, por lo que en ese listado de demandas figuran la eliminación del impuesto a las ganancias del salario docente; el cese del tarifazo y de los despidos, y el cumplimiento de pautas de ejecución presupuestaria de la cartera educativa nacional.
Los docentes también expresaron su rechazo al operativo de evaluación Aprender 2016, previsto para octubre próximo. Piden que se suspenda y se le dé participación a los educadores en este operativo. Otro punto clave es el rechazo a cualquier intento de modificación de las leyes jubilatorias.
Alesso adelantó que se convocará a una asamblea provincial, pero antes están previstas una serie de medidas de acción locales y regionales con los delegados. A lo que se suma el pedido de audiencias a legisladores provinciales para transmitir la posición gremial de rechazo a cualquier intento de reforma previsional.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
