Las legisladoras socialistas recibieron a representantes de la Cámara de la Construcción para dialogar sobre la iniciativa que busca facilitar los procesos de contrataciones de bienes y servicios por parte del Estado priorizando a las Pymes de la provincia.
La diputada provincial Lionella Cattalini (PS) presentó en la Legislatura provincial un proyecto de Ley que retoma una propuesta de la actual presidenta de la Cámara, Clara García, para que las contrataciones de bienes o servicios por parte del Estado provincial sean preferentemente de origen local. Esto alcanzaría tanto a la administración pública centralizada, descentralizada, sociedades y empresas del Estado, y entes públicos.
Cattalini sostuvo que la Ley vigente del Compre Santafesino (N° 13.505), "no pudo satisfacer completamente los fines que se tuvieron al momento de su sanción", y apuntó: “La experiencia indica que, por diferentes circunstancias, su aplicación no fue una tarea sencilla para los sujetos contratantes. Por eso elaboramos un proyecto superador, para simplificar y mejorar el régimen que redunde rápidamente en el fortalecimiento del sistema productivo de nuestra provincia”, dijo.
Por su parte García, destacó la importancia de proteger a nuestras empresas locales y a quienes invierten en Santa Fe. "Santa fe es distinta porque defiende la obra pública y defiende a sus pequeñas y medianas empresas. La ley fue difícil de aplicar, especialmente cuando las empresas constructoras se unen bajo la forma UTE, allí es donde vamos a simplificar, en pos de defender la industria local", expresó.
En el mismo sentido, Cattalini coincidió en que “es muy importante contar con una herramienta efectiva que aliente la posibilidad de adquisición y contratación de productos y obras de origen local u ofrecidos por establecimientos locales, para contribuir al desarrollo de la industria santafesina, mejorar sus capacidades productivas y potenciar sus diferentes perfiles, máxime en el contexto socio-económico actual”.
Asimismo, ambas coincidieron en el análisis sobre la realidad nacional: “En el Congreso Nacional se está discutiendo el régimen de grandes inversiones (RIGI) que perjudicará a la industria santafesina porque alienta una competencia desleal. Tenemos que proteger la capacidad productiva de Santa Fe y desde la legislatura trabajamos en instrumentos que le sirvan al gobierno provincial a paliar la recesión que estamos viviendo”, aseguraron.
El proyecto, además, propicia que la contratación pública se erija como un pilar de política laboral y social, con el objetivo de fomentar la utilización de mano de obra local y la inserción de grupos vulnerables que se han capacitado en programas provinciales, evitando así el trabajo informal o precario.
La propuesta busca incentivar una mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de contratación del Estado provincial “en aras de potenciar su matriz productiva regional y su desarrollo económico como factor de crecimiento de la provincia de Santa Fe”, concluyeron.
Tras la última sesión del año, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados trazó un balance del año legislativo y afirmó: “En un momento de la política del país donde todo es crispación, la predisposición al diálogo y a la búsqueda de consenso es una marca de identidad de la política santafesina”.
El Ministerio de Economía confirmó que ese martes se abonará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario a activos y pasivos de Santa Fe.
La segunda audiencia pública se realizó este miércoles en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad. “Las actividades que desarrollamos en Santa Fe y Rosario conllevan un profundo valor democrático”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa. Hubo más de 60 oradores y 150 oyentes.
Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje.
Fue votada por legisladores de distintos bloques que también se comprometieron a sancionar una ley de salud que tenga en cuenta el caso para mejorar procesos de control y trazabilidad de medicamentos, así como también el acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.