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Con el objetivo de combatir la polución sonora y dar respuesta a las continuas quejas vecinales por ruidos molestos, el Concejo Municipal aprobó un proyecto de ordenanza impulsado por el concejal Andrés Avilé (Inspirar), que faculta al Ejecutivo a decomisar y destruir los caños de escape adulterados o no reglamentarios que sean retenidos en operativos de tránsito.
La medida aborda un vacío operativo que existía en los procedimientos de control. Hasta el momento, ante la retención de un vehículo con escape modificado, los dueños retiraban la moto presentando el escape original para la inspección, pero conservaban el dispositivo en infracción, el cual volvía a ser reinstalado posteriormente.
Con la aprobación del nuevo marco regulatorio, el Tribunal de Faltas —con intervención del área de Inspección— quedará habilitado formalmente para ordenar el decomiso y la posterior destrucción de los dispositivos alterados, aquellos a los que se les retiró el silenciador o los diseñados para generar mayor impacto sonoro u ondas expansivas.
"Los inspectores no tenían la autorización legal para retener y destruir el elemento. La idea es que el propietario pueda recuperar el vehículo únicamente tras instalar el escape original, mientras que el dispositivo modificado será retenido de forma definitiva", explicó Avilé.
Tras su aprobación en el recinto legislativo, el proyecto aguarda la promulgación administrativa por parte del Municipio para su entrada en vigencia e implementación en los controles de la ciudad.
El presidente comunal Marcelo Paponi encabezó la firma del acuerdo junto a funcionarias del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe.
Durante el sábado 22 y domingo 23 de agosto se llevó adelante la segunda edición de la Feria del Libro de nuestra localidad, una propuesta que reunió literatura, música, arte, cultura y producción local en el Puerto Cultural.
Marisa Servín y su esposo compraron un lote en barrio Los Ciruelos en 2007. Tras años de construcción y esfuerzo, descubrieron que el terreno no contaba con habilitación de venta. La Justicia falló en contra de los vecinos y hoy disponen de menos de un mes para saldar una suma millonaria y evitar la ejecución.
