La abogada que representa a la familia de Belén Villarruel se presentó esta mañana en Tribunales provinciales para interiorzarse de la causa.
Una importante columna de vecinos marchó anoche por las calles de General Lagos, para reclamar justicia por la muerte de una joven de 23 años y en solidaridad con un comerciante, acusado junto a su hija de instigar a los desmanes ocurridos el domingo por la noche.
El caso tiene su origen en el accidente ocurrido el sábado por la noche, cuando Belén Villarruel, de 23 años, murió luego de ser atropellada en la ruta 21 por un joven que iba en camioneta. El joven pasó un par de horas en la seccional policial y, por orden de la jueza interviniente Marcela Canavesio, fue liberado. Tras conocerse esta noticia, los vecinos de General Lagos reaccionaron violentamente destrozando la comisaría y ocasionando destrozos en la casa particular del jefe comunal y en la del padre del conductor de la camioneta. Tras la pueblada, el juez de Instrucción Javier Beltramone ordenó el arresto de Norberto Scarpecci y de su hijo, señalados como instigadores de los desmanes del domingo por la noche.
La abogada Patricia Guzmán -patrocinante de la familia Villarruel- se presentó esta mañana en los Tribunales provinciales de Rosario, a fin de constituirse como querellantes de la causa que investiga la muerte de Belén, a cargo de la jueza Marcela Canavesio. "Los padres de van a constituir como querellantes a los efectos de controlar el proceso", contó Guzmán a "Todos en La Ocho" de La Ocho.
La abogada dijo también que mientras "están haciendo detenciones de las personas que estuvieron en la pueblada, el señor que atropelló a la chica está en libertad". Si bien afirmó que se trata de dos causas distintas -la muerte de la joven por el accidente en la ruta y la pueblada de General Lagos- señaló: "Como abogada lo comprendo, pero la gente común no lo entiende".
"Venimos a preguntar las causas por las que (la jueza Marcela Canavesio) dejó libre al joven", agregó Guzmán. Confirmó además que será también la representante de "algunas de las personas" que fueron detenidas tras la revuelta del domingo "por ejercer un derecho constitucional de peticionar".