El robo de armas es el principal alimento del mercado negro

Rosario es hoy una de las ciudades más violentas del país. Los índices de homicidios crecen año a año y los problemas que antes se resolvían a las piñas hoy se definen “fierro a fierro”. Todos los investigadores del tema aseguran que la ciudad está repleta de pistolas y revólveres ilegales, el elemento predilecto de los pandilleros de las barriadas. Si bien el control de las armas es dominio del Registro Nacional de Armas de la República Argentina (Renar), la Provincia de Santa Fe posee una Subsecretaría de Control de Armas, creada hace ocho meses con el propósito de parar la creciente ola de homicidios y enfrentamientos a tiros que golpea a las principales ciudades de la región. Rosario Plus entrevistó a la persona a cargo de este trabajo, quien hizo un análisis de la situación y un pequeño repaso de sus meses de gestión.

“Hoy la única política que tiene el Estado nacional es la registración y fiscalización de armas. Nosotros estamos tratando de sacarlas de circulación del mercado ilegal”, explicó Matías Palavecino, el responsable de tan compleja administración. Él se describe como un funcionario ligado a la militancia partidaria, un tipo político capacitándose continuamente. Tiene 37 años, es abogado y está terminando la especialización en derecho penal. Está a cargo de la Subsecretaría desde su creación, y trabaja con un objetivo concreto: recuperar, controlar y retirar armas de la calle.

De acuerdo al funcionario, la situación argentina es muy compleja. En todo el territorio nacional hay poco más de un millón y medio de armas registradas, e igual cantidad de armas ilegales. “Hoy sólo está Bersa y Fabricaciones Militares, pero en Argentina, en los últimos 50 años, hubo más de 20 fábricas de armas de fuego. Cuando cerraron no se hicieron grandes controles, se les perdió el rastro a esos artículos y son los que hoy invaden las calles. En el grueso de los operativos policiales se incautan esas armas de elaboración nacional. Son aproximadamente 150 marcas que siguen apareciendo, como si nunca se hubieran ido”, señaló el Subsecretario.

Según el entrevistado, la gran mayoría de armas del circuito ilegal surge de 3 factores puntuales. Primero, del robo a privados: solo el año pasado hubo 650 denuncias de civiles que informaron la sustracción de su arma registrada. Segundo, del robo a armerías, donde los asaltantes se llevan importantes cantidades de artículos que poco a poco van apareciendo en diferentes ilícitos; y por último, de los propios arsenales del Estado. El año pasado se denunciaron 110 armas robadas a uniformados de la provincia de Santa Fe.

Es en este punto controversial en el cual la gestión decidió poner particular énfasis. Cuando hasta hace poco tiempo la pérdida de una pistola 9 milímetros perteneciente a la Fuerza generaba un simple trámite administrativo de reemplazo, hoy el uniformado que denuncie su arma reglamentaria como robada o extraviada es pasado a disponibilidad hasta que se esclarezcan las condiciones en que ocurrió el hecho. A su vez, por primera vez en la historia de la provincia, los insumos de los arsenales de las diferentes unidades regionales de Santa Fe serán comprados y monitoreados por funcionarios civiles del Ministerio de Seguridad, sin la intervención de la Policía. También se instaló un sistema informático en los polvorines, por el cual los stocks de balas y armas pueden ser controlados a distancia y minuto a minuto, sin tener que realizar un pedido de informe a sus responsables.

Por último, la Subsecretaría de Control de Armas impuso a las armerías del territorio la digitalización de sus sistemas de compra y registro. Mediante esto la Provincia busca generar paulatinamente un control absoluto del flujo de armas.

Si bien la problemática es de difícil abordaje y, de acuerdo a Matías Palavecino, la colaboración del Renar está más condicionada por cuestiones políticas, que operativas, el funcionario se mostró esperanzado y orgulloso de las acciones que se llevan acabo desde su Subsecretaría.