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La penùltima sesión del Concejo Municipal se realizó el lunes sin la presentación de proyectos, pero con la aprobación de varios despachos de las distintas comisiones de trabajo de la legislatura.
De la comisión de Gobierno se aprobaron 10 despachos. El primero de ellos relacionado a la adhesión a la ley nacional que propone declarar la emergencia en violencia de género, presentado por el concejal Daniel Tonelli. Además se trató favorablemente la adhesión a la ley nacional de capacitación en materia ambiental, denominada Ley Yolanda y la declaración de interés legislativo a la actividad de shopping a cielo abierto.
La misma comisión también aprobó ordenanzas relacionadas al ordenamiento de tránsito como: disponer de isletas ordenadoras del trànsito vehicular en calle Juan B Justo y Juarez Celman; la obligación en determinar sectores para el estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad; estandarizar todos los reductores de velocidad y adecuarlos a los estàndares de la ley provincial; instalación de carteles de cruce peligroso y pare en calles Juarez Celman y Lisandro de la Torre; retiro del reductor de calle Gálvez al 1200 por reclamos de los vecinos del lugar; y la instalación de vallas reductadoras de velocidad en barrio Mirador del Rìo.
En la comisión de hacienda se aprobaron varios subsidios ad referéndum que la Municipalidad ya hizo efectivos pero restaba la aprobación del recinto. Se trató el proyecto de emergencia económica, financiera y administrativa presentada hace quince dìas por el Gobierno de Nizar Esper y se avanzó en la decisión de permitirle al estado municipal el uso de fondos de cuentas especiales para el pago de salarios. También se aprobó la desafectación de 6 millones de pesos de la Tasa de Organización Portuaria que serán destinados al pago de GIRSU; y se modificó el presupuesto del año en curso, ampliando la partida "de sueldos al personal" en 39 millones de pesos.
Finalmente, en la comisión de obras públicas, se aprobó la ordenanza que crea un registro público de cavas y movimientos de tierras con el fin de dotar al municipio de una herramienta de control sobre la venta irregular de tierra.
