Narcotráfico: A la mujer de Arroyo Seco se le concedió prisión domiciliaria

El 19 de junio de 2021 un operativo de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina desbarató una organización narco que, en avionetas, traía importantes cargamentos de cocaína desde Paraguay y que eran acopiados en Rosario para luego ser distribuidas entre algunas bandas que operaban en la región y también en la provincia de Buenos Aires. En el procedimiento fueron detenidas cinco personas y se incautaron unos 400 kilos de droga escondidos en el interior de una camioneta BMW X5 estacionada en una cochera de Villa Gobernador Gálvez. Varios meses después de aquel hallazgo, el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez dispuso el cierre de la instrucción de la causa y pidió la elevación a juicio oral de la misma.

Los acusados son tres hombres y dos mujeres. El jefe del grupo es Gustavo Daniel Núñez, un camionero de 49 años oriundo de la localidad entrerriana de Nogoyá y radicado en Villa Gobernador Gálvez que tuvo vínculos muy estrechos con otras personas ligadas al narcotráfico local apresados o condenados por distintos delitos, como Luis “Pollo” Bassi, Diego Cuello, Luis Paz y Reina Isabel Quevedo. Los otros acusados son Sebastián Osvaldo Romera, de 47, un mecánico rosarino afincado en General Lagos; su pareja Jorgelina Verónica Galligani, de 51, maestra jardinera y gestora oriunda de Arroyo Seco; Matías Ezequiel "Mele" Tomei, un herrero de 24 nacido en Rosario, y María José “Toti” Núñez, una empleada doméstica de 37, también radicada en Villa Gobernador Gálvez, todos tenían roles asignados en distintas operaciones que realizaron entre septiembre de 2019 y junio de 2021 por tráfico internacional y almacenamiento de estupefacientes en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los cinco fueron apresados después del hallazgo de 391 kilos de cocaína de máxima pureza distribuida en 369 panes guardados en un flamante BMW X5 estacionado en una cochera de Garay al 2100 de Villa Gobernador Gálvez y que habían llegado a Santa Fe en una avioneta que despegó de Paraguay y aterrizó en un campo de la población de Larrechea, en el departamento San Jerónimo del centro provincial y a unos 90 kilómetros al norte de Rosario. Tras el operativo hubo nueve allanamientos en Villa Gobernador Gálvez, Rosario, General Lagos, Arroyo Seco y Albarellos. En esa oportunidad, los investigadores de la Policía Federal incautaron una flota de unos 30 vehículos, una embarcación, celulares y documentación contable que acreditaría el desvío de fondos provenientes del narcotráfico para la compra de bienes muebles e inmuebles.

Según se informó entonces, desde el campo de Larrechea la droga fue transportada en uno o más autos hasta Rosario, donde parte de la carga quedó para ser distribuida entre bandas locales y el resto iba a ser trasladada hacia el Gran Buenos Aires. En ese marco tampoco se descartó que parte de la droga tuviese un destino europeo a través de barcos que salen desde el puerto de Zárate-Campana ya que en operaciones anteriores el grupo lo había hecho.

Según la acusación del fiscal Rodríguez, la banda funcionó desde septiembre de 2019 hasta junio de 2021 y sus jefes eran Gustavo Núñez y Sebastián Romera. No obstante, a ellos dos y a Galligani les achacó también haber puesto en circulación desde dos años antes (octubre 2017) activos provenientes del narcotráfico (31 vehículos y ocho inmuebles) en las modalidades de conversión, venta o disimulación. Esa acusación por lavado de dinero narco es investigada en una causa paralela.

La pesquisa se inició en septiembre de 2019 por un dato que llegó a Gendarmería Nacional. Que en un campo de Larrechea, en el departamento San Jerónimo ubicado a media hora de Rosario, puesteros rurales habían visto que desde un avión arrojaban bultos. El relato lo brindó un vecino que aseguró ver sobrevolar una avioneta dos veces en un mes y descartó que se tratara de una nave que hiciera tareas de fumigación. El denunciante agregó que había charlado con otros lugareños que le habían contado haber visto, además de la aeronave, una camioneta con tres ocupantes que recogían bultos arrojados desde el aire en el vehículo.

Así, la Justicia federal comenzó a realizar identificaciones de personas y vehículos además de intervenciones telefónicas que concluyeron en que la banda tenía “distintas pistas clandestinas y recibía droga para después hacer el negocio de la distribución”, señala el fiscal Rodríguez.

En una resolución de más de 70 páginas, el fiscal federal transcribe el contenido de escuchas telefónicas entre el quinteto que ahora irá a juicio y algunas con otras personas, para luego argumentar cómo funcionaba la organización bajo el mando de Núñez y Romera. Según indica, ambos “contaron con gran cantidad de dinero en efectivo para adquirir bienes, refaccionar inmuebles, comprar viajes al exterior o efectuar operaciones de cambio de divisas”. En ese sentido explica que “la modalidad repentina en que esos flujos dinerarios ingresaron a las arcas de los imputados resulta plenamente compatible con la consagración exitosa de las operaciones de tráfico de drogas, en el entendimiento que producen significativas utilidades en breve lapso”.

Por ello solicitó que sean juzgados como organizadores de tráfico de estupefacientes. Además, requirió que los cinco sospechosos sean juzgados como coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas. Finalmente solicitó que se forme una causa por separado para investigar a Núñez, Romera y Galligani por el delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por la habitualidad.

Lo último que se sabe fue confirmado hace pocos días y refiere a Jorgelina Galligani de Arroyo Seco. Oportunamente su defensor – quien ahora hace aproximadamente se apartó de su representación al igual que la de todos los acusados – presentó un pedido para que se le conceda la prisión domiciliaria para estar al cuidado de sus hijas menores de edad. No obstante, la justicia lo rechazó porque las nenas están en tutela de su padre. Por tanto, se elevó un nuevo pedido para que la acusada pueda acceder al mismo beneficio, pero en casa de sus padres al cuidado de sus progenitores que ya son personas adultas mayores. La Cámara de Apelaciones de Rosario falló a favor y tras la resolución que ya está firmada y luego de que se cumplimenten ciertos trámites de rigor, está esperando que este pedido se haga efectivo. En pocas palabras, Galligani gozará de prisión domicilia bajo el control de pulsera electrónica en el domicilio de sus señores padres.