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Un juez dictó la prisión preventiva para los jefes policiales imputados en la causa que investiga el desvío, la sobrefacturación y la facturación fantasma de fondos destinados a cargar combustible en los patrulleros de la Unidad Regional II.
El fiscal José Luis Caterina confirmó la resolución de la audiencia imputativa: el juez decidió confirmar la solicitud de la Fiscalía, dictando la prisión preventiva para todos los imputados y validando el cargo por asociación ilícita.
La investigación ya suma 28 personas imputadas, incluyendo 12 jefes policiales que habían sido detenidos a principios de noviembre. El funcionario judicial destacó que la causa tomó un nuevo impulso tras la presentación de nuevas pruebas, luego de que varios implicados hubieran recuperado su libertad.
Los imputados enfrentan cargos por peculado, cohecho pasivo y asociación ilícita. La Fiscalía sostiene que se trataba de una maniobra sistemática de corrupción que incluía:
Sobrefacturación y facturación fantasma de combustible.
Detección de patrulleros con GPS que no se movían, pero que figuraban como abastecidos en los registros.
Uso de tres móviles asignados a jefes para generar facturaciones ficticias, dos de los cuales fueron intencionalmente incendiados días después de los allanamientos.
El fiscal Caterina señaló que estas acciones no solo prueban la organización criminal, sino también los intentos de obstruir la investigación.
La magnitud del desvío se hizo evidente tras las intervenciones judiciales. Antes de los allanamientos, la Unidad Regional II gastaba cerca de 403 millones de pesos mensuales solo en combustible. Luego de que se ordenó el uso de las tarjetas de carga, la cifra se redujo a 330 millones, una diferencia que evidencia el nivel de desfalco.
Las pruebas, que incluyen auditorías, análisis de celulares, intervenciones telefónicas y el testimonio de un imputado colaborador, revelaron que existían presiones internas hacia los encargados de la carga para mantener las maniobras.
El juez describió la trama como un caso "atravesado por la codicia", en el que la provincia no recibía absolutamente nada del combustible facturado. La prisión preventiva se dispuso hasta el 14 de mayo del próximo año, con prórroga automática si la Fiscalía presenta la acusación formal.
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