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Ecos de las comunicaciones entre dos detenidos para planificar el asesinato de un juez, un fiscal y un policía provincial.
El escándalo de las escuchas telefónicas desembocó en una sanción al jefe de la Alcaidía de Jefatura.
En el marco de la investigación abierta tras la revelación de las escuchas telefónicas que permitieron inferir la existencia de un plan para asesinar al juez Juan Carlos Vienna, al fiscal Guillermo Camporini y a Luis Quebertoque, comisario de la División Judicial de la Unidad Regional II de Policía, se secuestraron cerca de 200 celulares en poder de internos de la cárcel de Coronda. Y el Ministerio de Seguridad provincial relevó ayer al jefe de la Alcaidía de la Jefatura rosarina, Marcelo Mendoza, sanción que en las próximas horas puede alcanzar a otras autoridades de esa dependencia.
El policía Germán Almirón y César Arón "Ojudo" Treves, actualmente alojados en la Unidad Penal Nº 11 de Piñero y con vinculaciones con el mundo narco, protagonizaron las escuchas telefónicas que sacaron a la luz un plan para eliminar a Vienna, a Camporini y a Quebertoque. Pero la Justicia aún debe definir el delito a imputar a ambos.
En paralelo a la pesquisa judicial, autoridades policiales y penitenciarias abrieron los sumarios internos correspondientes. Días atrás, la escuchas telefónicas que permitieron descubrir el plan habían sido dispuestas por el juez federal Carlos Vera Barros en una causa que acababa de provocar procesamientos.
Por algún motivo, el magistrado ordenó seguir con las intervenciones telefónicas y, de ese modo, descubrió la llamada entre Almirón (por entonces alojado en la Alcaidía de Jefatura) y Treves (en ese momento detenido en el penal de Coronda).
En ese sentido, durante la tarde del martes y la madrugada de ayer agentes del Servicio Penitenciario provincial requisaron los pabellones 2 y 4 de Coronda, donde secuestraron en poder de los internos al menos 198 equipos de telefonía celular. Llamativamente, el número de reos de ambos sectores de la cárcel es menor a esa cifra. Y todavía faltaba registrar los espacios donde se alojan los presos más peligrosos.
Al respecto, el ministro de Gobierno provincial, Rubén Galassi, afirmó: "La Justicia, en colaboración con el Servicio Penitenciario, adoptó decisiones y se hicieron allanamientos en las celdas".
"Hay que ser claros: no hay una disposición legal que establezca la prohibición de las comunicaciones de los presos. Lo que no vamos a permitir es que un interno tenga una logística para seguir operando desde una celda como si estuviera en libertad. Esas medidas estamos adoptando", agregó.
En ese sentido, fuentes judiciales calificadas señalaron a La Capital que la ley nacional de ejecución penal (Nº 24.660), a la que adhiere la provincia, no impide la libertad de comunicación de internos por cualquier medio.
Por eso, ninguna disposición de parte de autoridades penitenciarias puede alterar los alcances de la norma.
Almirón (ver aparte) fue trasladado el viernes pasado a Piñero, cárcel ubicada en el cruce de las rutas provinciales Nº 12 y 14, al sudoeste de Rosario. Lo propio ocurrió el martes con Treves. A su vez, la Fiscalía Regional comunicó que estaba prevista la habilitación de "un sistema de inhibición (bloqueo) de señales de teléfonos celulares" en ese centro de detención.
A Treves, por su parte, lo habían llevado a Coronda por su participación en un homicidio ocurrido en Maipú al 800 (irá a juicio por ese hecho, ver página 34) y tras ser arrestado con dos kilos de pasta base y acetona, elementos clave para la producción de cocaína.
En tanto, Seguridad relevó a Mendoza al frente de la Alcaidía de Jefatura. Una sanción que puede llegar a alcanzar a otras autoridades del área.
Es que, en paralelo al plan para asesinar a dos de los principales impulsores de las investigaciones en marcha para contener a la red dedicada a delitos violentos que opera en la ciudad —ligados al narcotráfico— y a un policía, la escuchas amplificaron la trama de sobornos y venta de estupefacientes que, sin sobresaltos, se venía tejiendo en penales de la provincia.
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