Ecos de las comunicaciones entre dos detenidos para planificar el asesinato de un juez, un fiscal y un policía provincial.
El escándalo de las escuchas telefónicas desembocó en una sanción al jefe de la Alcaidía de Jefatura.
En el marco de la investigación abierta tras la revelación de las escuchas telefónicas que permitieron inferir la existencia de un plan para asesinar al juez Juan Carlos Vienna, al fiscal Guillermo Camporini y a Luis Quebertoque, comisario de la División Judicial de la Unidad Regional II de Policía, se secuestraron cerca de 200 celulares en poder de internos de la cárcel de Coronda. Y el Ministerio de Seguridad provincial relevó ayer al jefe de la Alcaidía de la Jefatura rosarina, Marcelo Mendoza, sanción que en las próximas horas puede alcanzar a otras autoridades de esa dependencia.
El policía Germán Almirón y César Arón "Ojudo" Treves, actualmente alojados en la Unidad Penal Nº 11 de Piñero y con vinculaciones con el mundo narco, protagonizaron las escuchas telefónicas que sacaron a la luz un plan para eliminar a Vienna, a Camporini y a Quebertoque. Pero la Justicia aún debe definir el delito a imputar a ambos.
En paralelo a la pesquisa judicial, autoridades policiales y penitenciarias abrieron los sumarios internos correspondientes. Días atrás, la escuchas telefónicas que permitieron descubrir el plan habían sido dispuestas por el juez federal Carlos Vera Barros en una causa que acababa de provocar procesamientos.
Por algún motivo, el magistrado ordenó seguir con las intervenciones telefónicas y, de ese modo, descubrió la llamada entre Almirón (por entonces alojado en la Alcaidía de Jefatura) y Treves (en ese momento detenido en el penal de Coronda).
En ese sentido, durante la tarde del martes y la madrugada de ayer agentes del Servicio Penitenciario provincial requisaron los pabellones 2 y 4 de Coronda, donde secuestraron en poder de los internos al menos 198 equipos de telefonía celular. Llamativamente, el número de reos de ambos sectores de la cárcel es menor a esa cifra. Y todavía faltaba registrar los espacios donde se alojan los presos más peligrosos.
Al respecto, el ministro de Gobierno provincial, Rubén Galassi, afirmó: "La Justicia, en colaboración con el Servicio Penitenciario, adoptó decisiones y se hicieron allanamientos en las celdas".
"Hay que ser claros: no hay una disposición legal que establezca la prohibición de las comunicaciones de los presos. Lo que no vamos a permitir es que un interno tenga una logística para seguir operando desde una celda como si estuviera en libertad. Esas medidas estamos adoptando", agregó.
En ese sentido, fuentes judiciales calificadas señalaron a La Capital que la ley nacional de ejecución penal (Nº 24.660), a la que adhiere la provincia, no impide la libertad de comunicación de internos por cualquier medio.
Por eso, ninguna disposición de parte de autoridades penitenciarias puede alterar los alcances de la norma.
Almirón (ver aparte) fue trasladado el viernes pasado a Piñero, cárcel ubicada en el cruce de las rutas provinciales Nº 12 y 14, al sudoeste de Rosario. Lo propio ocurrió el martes con Treves. A su vez, la Fiscalía Regional comunicó que estaba prevista la habilitación de "un sistema de inhibición (bloqueo) de señales de teléfonos celulares" en ese centro de detención.
A Treves, por su parte, lo habían llevado a Coronda por su participación en un homicidio ocurrido en Maipú al 800 (irá a juicio por ese hecho, ver página 34) y tras ser arrestado con dos kilos de pasta base y acetona, elementos clave para la producción de cocaína.
En tanto, Seguridad relevó a Mendoza al frente de la Alcaidía de Jefatura. Una sanción que puede llegar a alcanzar a otras autoridades del área.
Es que, en paralelo al plan para asesinar a dos de los principales impulsores de las investigaciones en marcha para contener a la red dedicada a delitos violentos que opera en la ciudad —ligados al narcotráfico— y a un policía, la escuchas amplificaron la trama de sobornos y venta de estupefacientes que, sin sobresaltos, se venía tejiendo en penales de la provincia.
La víctima estaba internada en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria desde el pasado 20 de octubre cuando intentó frenar una pelea a la salida del salón de eventos donde festejó los 15 su sobrina. Después de múltiples golpes, un joven de 19 años le propinó una patada en la cabeza mientras estaba en el piso. Este domingo se confirmó su deceso
Claudina se presentó en el Instituto Médico Legal para reconocer el cuerpo de su hija. "No puede seguir pasando esto, ni en San Lorenzo ni ninguna otra parte del país. Basta”, dijo.
El jefe de la Policía de Investigaciones, Natalio Marciani, confirmó que uno de los detenidos en la noche del jueves fue quien aportó información que les permitió encontrar el cadáver de la joven. “Todos nos hace presumir que la muerte fue cercana al día de la desaparición”, señaló
Lo halló la Policía de Investigaciones tras allanamientos que realizó en la noche de este jueves en Puerto General San Martín, donde había sido secuestrado un 308 gris que se presume que tendría relación con la desaparición de la joven de 20 años que había sido vista por última vez el 30 de octubre.
Se trata de Kevin Leonardo Ayala, quien además está investigado como posible partícipe en el homicidio del policía Andrés Farías, que tuvo lugar el pasado 27 septiembre en Fisherton. Al momento de ser acusado en Rosario tenía la llave de unas esposas en su ropa interior