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En las últimas horas, el Gobierno de la provincia de Santa Fe oficializó el monto que percibirán los trabajadores estatales en concepto de Ayuda Escolar. Según lo informado, el beneficio será de $33.000 por hijo, una cifra que representa una actualización en comparación con los montos del año anterior, buscando acompañar el incremento de los costos de la canasta escolar.
El beneficio está destinado a los agentes que se desempeñan en los distintos escalafones del Estado provincial. Para acceder al cobro, se deben cumplir las siguientes condiciones:
Hijos a cargo: El trabajador debe tener hijos que asistan a establecimientos de enseñanza oficial (inicial, primaria o secundaria).
Certificación: Es indispensable la presentación de la constancia de alumno regular o el certificado de escolaridad correspondiente.
Alcance: Incluye a trabajadores de la administración central, docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad y otros entes descentralizados del sector público santafesino.
Aunque el cronograma de pagos específico suele ajustarse al calendario mensual de haberes, la provincia apunta a que el depósito se haga efectivo antes del inicio formal del ciclo lectivo, para que las familias puedan destinar el dinero a la compra de útiles, uniformes y calzado.
Desde los sectores gremiales ven con buenos ojos la actualización del monto, aunque insisten en que debe ser parte de una discusión paritaria más amplia que contemple la inflación proyectada para el primer trimestre del año. Por su parte, el Ejecutivo provincial destacó el esfuerzo fiscal para garantizar que los hijos de los trabajadores estatales cuenten con este respaldo económico de cara a marzo.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
