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En las últimas horas, el Gobierno de la provincia de Santa Fe oficializó el monto que percibirán los trabajadores estatales en concepto de Ayuda Escolar. Según lo informado, el beneficio será de $33.000 por hijo, una cifra que representa una actualización en comparación con los montos del año anterior, buscando acompañar el incremento de los costos de la canasta escolar.
El beneficio está destinado a los agentes que se desempeñan en los distintos escalafones del Estado provincial. Para acceder al cobro, se deben cumplir las siguientes condiciones:
Hijos a cargo: El trabajador debe tener hijos que asistan a establecimientos de enseñanza oficial (inicial, primaria o secundaria).
Certificación: Es indispensable la presentación de la constancia de alumno regular o el certificado de escolaridad correspondiente.
Alcance: Incluye a trabajadores de la administración central, docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad y otros entes descentralizados del sector público santafesino.
Aunque el cronograma de pagos específico suele ajustarse al calendario mensual de haberes, la provincia apunta a que el depósito se haga efectivo antes del inicio formal del ciclo lectivo, para que las familias puedan destinar el dinero a la compra de útiles, uniformes y calzado.
Desde los sectores gremiales ven con buenos ojos la actualización del monto, aunque insisten en que debe ser parte de una discusión paritaria más amplia que contemple la inflación proyectada para el primer trimestre del año. Por su parte, el Ejecutivo provincial destacó el esfuerzo fiscal para garantizar que los hijos de los trabajadores estatales cuenten con este respaldo económico de cara a marzo.
Entre lunes y martes se realizará el 20° sorteo mensual. Las inscripciones para acceder a los préstamos de vivienda continúan abiertas para personas que residan en la provincia.
La herramienta tecnológica comenzará a aplicarse en modo de prueba este lunes 16 y se implementará desde mediados de abril.
El juez federal de Rosario está procesado por presuntos delitos de corrupción y se pidió su suspensión para resguardar la confianza pública en la justicia.
