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Se debe a las versiones que vinculan al intendente de Villa Gobernador Gálvez con uno de los fallecidos en la Alcaidía de Rosario, la semana pasada.
A raíz de las declaraciones del intendente de Villa Gobernador Gálvez, Pedro González, sobre Miguel Ángel "Japo" Saboldi, uno de los tres detenidos muertos en el incendio ocurrido en la Alcaidía de Rosario la semana pasada, el senador provincial Miguel Lifschitz, presentó un proyecto de resolución para convocar al funcionario a la Cámara Alta. “Tiene el objetivo de poder ampliar la información disponible. Es grave de por sí, por los hechos que se sucedieron, porque estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de un incidente en el que fallecieron tres personas, pero además, tiene gravedad institucional”, fundamentó el legislador.
El senador por el departamento Rosario destacó, a propósito, que “se está involucrando a partir de los dichos de personas cercanas a los fallecidos, al propio intendente de Villa Gobernador Gálvez. Es un funcionario político de primer rango. Tenemos una acusación directa”. En contacto con LT10, Lifschitz planteó como necesario y relevante que los legisladores puedan realizarle al intendente todas las preguntas que considere pertinentes.
Tras la última sesión del año, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados trazó un balance del año legislativo y afirmó: “En un momento de la política del país donde todo es crispación, la predisposición al diálogo y a la búsqueda de consenso es una marca de identidad de la política santafesina”.
El Ministerio de Economía confirmó que ese martes se abonará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario a activos y pasivos de Santa Fe.
La segunda audiencia pública se realizó este miércoles en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad. “Las actividades que desarrollamos en Santa Fe y Rosario conllevan un profundo valor democrático”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa. Hubo más de 60 oradores y 150 oyentes.
Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje.
