La Caja Asistencial Social suspendió pagos a ganadores que apostaron en agencias santafesinas para participar de la jugada de la Lotería de Entre Ríos, el pasado 17 de abril. Se detectó la recepción de tickets después de la finalización del sorteo
Apostadores y agencias de la provincia podrían verse involucrados en un caso de fraude contra la administración pública, a partir del descubrimiento de tickets que fueron ingresados al sistema luego del sorteo de la Lotería de Entre Ríos, efectuado el Jueves Santo. A partir de este posible escándalo en puerta, la Caja de Asistencia Social suspendió los pagos a ganadores.
El pasado jueves, en varias casas de apuestas santafesinas se detectó la recepción de apuestas después del límite horario. Esas boletas correspondían al sorteo Nº 5.076 del código 5, para participar de la jugada matutina de la Lotería de Entre Ríos.
Hugo Rodríguez, director provincial de Juegos y Explotación de Lotería de Santa Fe, informó que “todo es muy preliminar todavía, pero se habrían tomado tickets incluso una hora después de haberse efectuado el sorteo”.
Rodríguez confirmó que “se iniciaron los sumarios administrativos” para investigar si se produjo el delito de fraude a la administración pública provincial, encargada de pagar los premios a través de la Caja Asistencial Social de Santa Fe.
El funcionario señaló que “al tratarse de Jueves Santo no hubo tantas apuestas para ese sorteo en Santa Fe”.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.