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El gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, firmó el decreto que les otorgará entre 120 mil y 150 mil pesos a cada una. Ya se invirtieron más de 26 millones de pesos.
Un total de 41 ciudades y comunas que participan del programa de apoyo tecnológico y financiero a proyectos de videovigilancia recibirán 5.070.000 pesos para instalar cámaras de seguridad en sus jurisdicciones. El gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, firmó el decreto que otorga esta ayuda económica, por la que cada localidad recibirá de 120 mil a 150 mil pesos.
El programa tiene como objetivo constituir espacios públicos más seguros, favoreciendo la utilización de herramientas tecnológicas que permitan la prevención y el abordaje de las acciones delictivas en el territorio, aunando esfuerzos y recursos entre los gobiernos provincial y locales, explicaron las autoridades provinciales. Bajo esta modalidad ya se vieron beneficiados 150 gobiernos locales por un aporte global de 21.580.000 pesos, que con este nuevo aporte se eleva a algo más de 26 millones, con 191 localidades asistidas.
En esta oportunidad el apoyo financiero será para las ciudades de Granadero Baigorria, San José del Rincón y Tostado, y para las comunas de Bouquet, Colonia Tacurales, Luis Palacios, Aurelia, Florencia, Bombal, Hipatía, Virginia, San Carlos Norte, Ramona, La Rubia, Constanza, Sarmiento, Las Bandurrias, Arroyo Aguiar, Galisteo, Santa Teresa, Sauce Viejo, Diego de Alvear, Colonia Bicha, Hersilia, Chabás, La Chispa, Villa Eloísa, Theobald, Pueblo Esther, Sa Pereira, Maggiolo, San Jerónimo del Sauce, Díaz, Monje, Centeno, Bernardo de Irigoyen, Nuevo Torino, Godeken, María Luisa y Tacural.
El "Programa de apoyo tecnológico y financiero a proyectos de videovigilancia en ciudades y comunas de la provincia" se inscribe dentro del Plan de Seguridad Democrática que lleva adelante el gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Seguridad.
Estas acciones se inscriben también en el marco de la ley provincial Nº 13.297 de emergencia en materia de seguridad pública, que prevé "la adquisición de circuito cerrado de monitoreo para su instalación en áreas críticas o que evidencien una notoria densidad de actividad comercial, financiera, recreativa".
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