En cumplimiento al mandato otorgado por el Plenario de Secretarios Generales, los representantes paritarios de FESTRAM resolvieron retomar el plan de lucha con una paro de actividades de 72 horas los días 8, 9 y 10 de septiembre próximo, sin asistencia a los lugares de trabajo y garantizando las guardias mínimas, que exige la atención de la pandemia y el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad.
No obstante el gremio municipal de la provincia, resolvió decretar el Estado de Emergencia Sanitaria Laboral, reclamando se extremen las medidas de prevención y evitando la participación de personal municipal o comunal en sectores de riesgo que no tengan garantía de cumplimiento de los protocolos. La drástica resolución se tomó ante la decisión de las ART de desconocerles a todos los trabajadores y trabajadoras santafesinos/as la cobertura del COVID-19 como enfermedad profesional.
Los representantes gremiales, suspendieron el paro de 48 hs. previsto para la presente semana, con la certeza de que los intendentes iban a formalizar una propuesta salarial para ser considerada por el conjunto de los sindicatos, pero lejos de cumplir con ese compromiso, se insistió con sumas fijas no remunerativas ni bonificables (para los meses de septiembre, octubre y noviembre) que ya habían sido rechazadas. Esa propuesta no alcanza a jubilados ni al personal contratado o eventual.
Tampoco hubo cumplimiento en cuanto a la actualización de los valores de las Asignaciones Familiares, no se cumplimentó el atrasado pago del Bono COVID-19, ni el funcionamiento de los Comités Mixto de Salud y Seguridad Laboral (Ley 12913) exigido por FESTRAM para todos los Municipios y Comunas de la Provincia.
Luego de 63 años, llega una nueva Carta Magna. Con la aprobación de los últimos dictámenes, queda listo el texto final. Consensos entre oficialismo y oposición
“Estamos logrando que la Policía cuente con el equipamiento necesario para cumplir su función”, destacó la vicegobernadora Gisela Scaglia, que encabezó la entrega de 5 minibuses totalmente equipados a la PDI. La inversión superó los $753 millones.
El sindicato manifestó su solidaridad con los empleados de la planta de Firmat y cuestionó los dichos de la representante legal de la empresa hacia el secretario general de la seccional local, Diego Romero.
Tres fábricas tienen las plantas cerradas y cientos de trabajadores en riesgo. El gobierno provincial advirtió sobre la gravedad.