Los docentes privados reunidos en Sadop rechazaron la oferta salarial del gobierno provincial y anunciaron una medida de fuerza de 48 horas este viernes al mediodía para los días miércoles y jueves próximos. En tanto, Amsafé confirmará este sábado por cuántos días irá al paro
Finalmente, los docentes privados reunidos en Sadop rechazaron la oferta salarial del gobierno provincial y anunciaron paro de 48 horas este viernes al mediodía para los días miércoles y jueves próximos. En tanto, los docentes publicos nucleados en Amsafé, votaban la extensión de su medida de fuerza entre tres opciones: de 48, 72 y 96 horas.
Así las cosas, el miércoles que viene, día fijado para el inicio del ciclo lectivo 2022, no habrá clases pero sí marchas de reclamo hasta la sede de gobierno provincial. Así lo confirmó el secretario general de Sadop, Martín Lucero, al programa De 12 a 14 (El Tres), tras la votación de los delegados y anunció que también habrá paro los días 8 y 9 de marzo si el gobierno no replantea su postura.
Los docentes de Amsafé, en tanto, definirán la extensión de su medida de fuerza este sábado, para cuando se conocerá cuál moción fue la más votada. La votación comenzó el jueves, el mismo día en el que a la salida de la paritaria estatal, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, había confirmado que lo ofrecido es lo posible pero que el gobierno está “en esta de diálogo permanente” y abierto a la conversación en todo momento, aunque preferentemente, con los chicos en las aulas.
El Ejecutivo provincial planteó una suba del 41,7%, dividido en cuatro tramos hasta septiembre, con un primer pago del 17,5% más tres cuotas de 8,08% repartidas entre junio, agosto y septiembre, más revisión en ese último mes.
Esta propuesta difiere de la paritaria nacional docente en la que el gobierno central acordó con los gremios una suba del 45,46%.
Fuente: Rosario 3
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.