La diputada provincial mantuvo encuentros en CABA con el exministro de Economía Roberto Lavagna y el titular del Observatorio Social de la UCA, Agustín Salvia.
En medio de la crisis económica y social que atraviesa la Argentina y que se profundiza día a dia, la diputada provincial Clara García mantuvo reuniones con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y con el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, ambas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), para analizar la situación y diseñar alternativas de cara al futuro.
“Fueron distintos encuentros que tuvieron como denominador común el análisis de la situación crítica que atraviesa el país. Son momentos que demandan responsabilidad y prudencia, pero también un fuerte compromiso para definir políticas distintas que nos permitan salir de esta parálisis y trazar una perspectiva a futuro”, señaló la legisladora.
“Con Lavagna y sus equipos técnicos acordamos una agenda de trabajo para los programas de gobierno que estamos elaborando para la provincia de Santa Fe”, expresó por un lado García, quien fue recibida por el economista acompañada por los diputados provinciales Joaquín Blanco y Lionella Cattalini. También participó el legislador nacional Alejandro "Topo" Rodríguez.
La legisladora, quien viene recorriendo la provincia dialogando con el sector productivo y del trabajo santafesino, afirmó: “Estamos en un momento crítico de la Argentina que necesita urgentemente frenar la aceleración inflacionaria y calmar el mercado de cambios para terminar con la incertidumbre”.
En este sentido, se refirió a las dificultades que padecen actualmente muchas pymes, que “se les dificulta producir porque por insuficiente combustible o energía, falta de materias primas o alguna pieza importada, aunque sea mínima, y esa importación está cerrada o no les autorizan los dólares para girar al exterior”.
“Estamos en contacto con los distintos sectores productivos de la provincia y escuchamos los problemas que enfrentan a diario, con un gobierno nacional que está encerrado en su interna política y no resuelve ninguna de estas situaciones, empezando por un nivel de inflación que ya no permite el normal funcionamiento de ningún rubro”, añadió García.
En cuanto al encuentro con Salvia, la legisladora remarcó “la mirada sobre la necesidad de una agenda progresista de reformas estructurales y de políticas acordes a esa agenda. Esa fue la razón por la que lo convocamos para que desde el Observatorio auditara la implementación del Plan Abre, una política social integral que se llevó adelante en las principales ciudades de nuestra provincia desde 2013 a 2019. Fue desmantelada por el gobernador (Omar) Perotti apenas asumió, lo mismo que los programas Nueva Oportunidad y Vuelvo a Estudiar, sin que fueran reemplazados por ninguna otra iniciativa con ese alcance”, cuestionó García.
“Hoy, con niveles pobreza cercanos al 40%, esos programas son aún más imprescindibles que años atrás porque la pandemia provocó que muchos chicos y chicas abandonaran la secundaria, y la educación es sin dudas una de las principales políticas sociales para que podamos incorporar a los jóvenes en situación de pobreza al trabajo formal. En Santa Fe ya lo hicimos con el Nueva Oportunidad también”, insistió.
Tras la última sesión del año, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados trazó un balance del año legislativo y afirmó: “En un momento de la política del país donde todo es crispación, la predisposición al diálogo y a la búsqueda de consenso es una marca de identidad de la política santafesina”.
El Ministerio de Economía confirmó que ese martes se abonará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario a activos y pasivos de Santa Fe.
La segunda audiencia pública se realizó este miércoles en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad. “Las actividades que desarrollamos en Santa Fe y Rosario conllevan un profundo valor democrático”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa. Hubo más de 60 oradores y 150 oyentes.
Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje.
Fue votada por legisladores de distintos bloques que también se comprometieron a sancionar una ley de salud que tenga en cuenta el caso para mejorar procesos de control y trazabilidad de medicamentos, así como también el acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.