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En un intento por desactivar el conflicto que mantiene en vilo a la seguridad pública, el Gobierno de Santa Fe presentó en las últimas horas una nueva oferta económica y social destinada a los efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario. Sin embargo, los sectores que encabezan la protesta —principalmente familiares y agentes de franco— rechazaron la propuesta de plano y ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza frente a las unidades regionales.
La gestión de Maximiliano Pullaro, que inicialmente había minimizado el malestar interno, aceleró la respuesta tras la masividad de las movilizaciones. Los puntos principales de la propuesta oficial incluyen:
Plus salarial de emergencia: Un bono destinado a compensar el desfase inflacionario de los últimos meses.
Transporte gratuito: Beneficios para paliar el costo del traslado, uno de los reclamos históricos del personal que reside en el norte santafesino y presta servicio en el sur.
Alojamiento y Salud Mental: Refuerzo en los programas de contención psicológica tras el trágico suicidio de un efectivo que actuó como detonante del conflicto.
Desde los acampes frente a la Jefatura de la Unidad Regional II en Rosario y la URI en Santa Fe, la respuesta fue tajante. Los voceros de la protesta argumentan que los montos ofrecidos no llegan a cubrir la canasta básica y que las soluciones para el "desarraigo" (el traslado de personal a cientos de kilómetros de sus hogares) son paliativos temporales y no cambios estructurales.
"Es un parche sobre una herida abierta. El salario está por debajo de la línea de pobreza y las condiciones de trabajo son inhumanas", expresaron desde el entorno de los familiares que sostienen el reclamo.
El conflicto ha escalado también en el plano político. Mientras que la vicegobernadora Gisela Scaglia apuntó contra sectores de la "vieja guardia" de la fuerza de intentar desestabilizar la gestión, funcionarios del Ministerio de Seguridad denunciaron la presencia de "elementos infiltrados" con intereses partidarios en las manifestaciones.
Por su parte, el gremio no reconocido Apropol y otros grupos de retirados exigen una mesa de diálogo directa para discutir no solo salarios, sino también el régimen de ascensos y los recargos horarios (horas OSPE) que, según denuncian, son liquidados con meses de retraso.
A esta hora, la vigilancia en las calles se mantiene bajo un esquema de guardias mínimas y patrullajes preventivos, pero la falta de acuerdo amenaza con profundizar el resentimiento en la cadena de mandos. Se espera que en la jornada de mañana se realicen nuevas asambleas para determinar si se endurecen las protestas en el norte provincial, zona de origen de gran parte de la fuerza.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
