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La obra comenzó en 2015 y todavía permanece inconclusa. El gobernador planteó la cuestión en el cónclave con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y pidió, para acelerar los tiempos, que sea administrada por personal del Servicio Penitenciario de la provincia
A ocho años del anuncio de su emplazamiento, la obra todavía no fue inaugurada.
El gobierno provincial puso el ojo en el Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino, mejor conocida como la cárcel federal de Coronda, una obra cuya construcción comenzó en 2015 y aún permanece inconclusa. La cuestión fue planteada este jueves en la reunión que mantuvo el gobernador Maximiliano Pullaro con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, dijo el mandatario.
“Una de las propuestas que vamos a hacer hoy es que la provincia de Santa Fe –con sus hombres del Servicio Penitenciario– pueda administrar la infraestructura de la cárcel federal de Coronda para alojar solamente detenidos federales”, dijo Pullaro ante la prensa porteña. Una decisión que, dijo, depende de Bullrich.
En Santa Fe, según los números que maneja el gobernador Maximiliano Pullaro, hay unos 700 presos por causas federales que están alojados en penales de la provincia.
Con la puesta en funciones de ese predio que posee 462 plazas, “estaríamos aislando a los narcotraficantes, los sacaríamos de las cárceles provinciales. Hoy estos internos se mezclan con los de detenidos por delitos comunes. Y estaríamos descongestionando nuestro Servicio Penitenciario, que tiene más de 9 mil internos”, dijo el gobernador.
La prisión federal es la única de la provincia. Está ubicada sobre el “Camino de las moras”, lindero a la ruta provincial 64 que une Coronda con la comuna de Larrechea, a unos 120 kilómetros de Rosario. Su inauguración continúa postergándose después de varios anuncios que prometían su apartura este año. La obra es financiada con recursos nacionales.
El proyecto se desarrolla en un predio de 62 hectáreas, que cuenta con una superficie de 15.767 m2 para sumar 462 plazas, e incluye dos alojamientos de celdas dobles, y dos de pabellones colectivos. También, contará con áreas para programas y servicios; capilla y escuela, un edificio externo, de seguridad, de servicios generales, estacionamientos, cercos y casino de personal.
La resolución firmada por los ministros de Ambiente y de Desarrollo Productivo entrará en vigencia en 30 días. Prohíbe “toda actividad de acopio de pescado con destino a la exportación del mismo o de subproductos, cualquiera sea la especie” en la provincia. No alcanza al mercado interno
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