Es el híper Libertad, que planteó que no corresponde al municipio ni a la provincia legislar en materia comercial y laboral.
El hipermercado Libertad presentó un recurso judicial para que la ordenanza municipal de adhesión a la ley provincial de descanso dominical sea declarada inconstitucional. El principal argumento es que no corresponde a los municipios ni a la provincias legislar sobre materia comercial y laboral. Además, remarcaron que el texto de la ley plantea un discriminación contra los grandes comercios. Desde el municipio destacaron que el reclamo debería estar orientado a la ley provincial y no a la ordenanza. La semana pasada, la firma Coto había presentado una cautelar en el mismo sentido.
De acuerdo con lo que detalló el gerente de Legales y Asuntos Corporativos de la empresa Libertad SA, Diego Sabat, ayer se presentó un recurso contencioso administrativo en contra de la Municipalidad de Rosario para que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza que adhiere a la ley provincial 13.441, que establece qué comercios deben permanecer cerrados los domingos y feriados, y que comenzará a regir el próximo 1º de julio.
El recurso fue presentado en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de los Tribunales provinciales de Rosario.
La ordenanza a la que se hace referencia es la que el Concejo Municipal sancionó el pasado 15 de abril. "El gobierno de la ciudad de Rosario, al adherir a la ley provincial a través del dictado de la ordenanza, ratifica su vigencia respecto de la compañía (Libertad SA)", remarcó el letrado.
El grupo Libertad posee una cadena de hipermercados con sucursales en 9 provincias, entre ellas Santa Fe. La sucursal de Rosario está ubicada en Oroño y Batlle y Ordóñez. La empresa fue fundada en Tucumán en 1993. En 1998 fue adquirida por Goupe Casino, de Francia.
Argumentos. Según argumentaron desde la empresa, el cierre obligatorio de los comercios los domingos y feriados afecta al hipermercado respecto de "su libertad para trabajar, comerciar y ejercer una industria lícita, infringiendo sobre la misma un perjuicio material concreto".
Para justificar el pedido de inconstitucionalidad, Libertad SA se amparó en los mismos argumentos que los utilizados por los supermercadistas del departamento General Obligado, al solicitar la inconstitucionalidad de la ley provincial y de las ordenanzas de adhesión de dos localidades (ver aparte): que "la regulación de la organización de las relaciones comerciales y de trabajo es materia delegada por las provincias al gobierno de la Nación". De este modo, concluyen en que "ni el legislador local ni el provincial pueden inmiscuirse en ella".
"El legislador local, al adherir mediante la ordenanza a la pauta dispuesta por el legislador provincial, se ha introducido en un ámbito que le era restringido a ambos", consideró Sabat.
Pero además, el representante legal de la empresa remarcó otro punto: que el artículo 5 de la ley, a la que adhiere la Municipalidad, prevé excepciones de los comercios que son alcanzados por la normativa, lo que desde su punto de vista los deja en desventaja y viola el principio de igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
"La regulación local demuestra una intención evidente de segregar la actividad de supermercados e hipermercados, en beneficio de otras explotaciones comerciales. La enumeración de actividades permitidas devela una ostensible discriminación en contra de supermercados e hipermercados", explicó Sabat.
La semana pasada, la empresa Coto presentó una medida cautelar de "no innovar" y solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la ley y la ordenanza de Rosario, con el mismo objetivo: frenar la aplicación del descanso dominical.
La cadena de supermercados, que tiene cuatro bocas de expendio en la ciudad, planteó que se mantengan las actuales condiciones en la actividad.
La titular del juzgado Civil y Comercial Nº 2, Julieta Gentile, resolverá el planteo la semana entrante. Mientras tanto, el descanso dominical suma algunos tropiezos.
El establecimiento penitenciario está proyectado y pensando para poder enfrentar las crecientes demandas del sistema de justicia penal y fortalecer la lucha con el crimen organizado.