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La normativa exige el cumplimiento de paritarias, la conformación de comités mixtos de Salud e Higiene, la constitución de un Consejo Provincial de Emergencia Educativa, un plan de inclusión digital para docentes y estudiantes, y la reincorporación de alumnos que abandonaron sus estudios a partir del inicio de la pandemia. La iniciativa fue girada al Senado.
La propuesta fue impulsada por el presidente del cuerpo, Miguel Lifschitz. Se trata de una comisión de seguimiento e información integrada por legisladoras y legisladores de todos los bloques con el objetivo de “acompañar y apoyar a los buenos fiscales, y producir información pública sobre los hechos en cuestión”.
Una nota de LPO asegura que hay 13 personas procesadas por amenazas y boicot.
