Por Dr. Luciano A. Crosio.
Dos vidas perdidas a manos de un conductor reincidente exponen la ineficacia de los radares y la urgencia de reformas en seguridad vial y educación ciudadana.
Días atrás, en la ciudad de Rosario, un conductor irresponsable que circulaba a 120 km/h en Wheelwright y Presidente Roca (a la salida del túnel Scalabrini Ortiz) atropelló y mató a una madre y su hija. Este hecho devastador desnuda las falencias de nuestro sistema de prevención y control vial, a pesar de las medidas aparentemente implementadas.
La zona está completamente señalizada y cuenta con radares destinados a controlar la velocidad. Hemos escuchado a funcionarios decir: estos dispositivos cumplen su función al obligar a los conductores a reducir la velocidad por temor a las altas multas. Sin embargo, el horror de estas dos muertes contradice esa narrativa. Ninguna cantidad de dinero puede devolver la vida de estas personas, entre ellas una menor. Una familia quedó destruida. Las palabras del padre, testigo del hecho, resuenan como un eco desgarrador: “Me dejaste sin hija. Me dejaste sin hija.”
No existe ni existirá indemnización que pueda reparar semejante pérdida. NO LA HAY NI LA HABRÁ. En el ámbito del derecho administrativo, la instalación de radares debería cumplir con una función preventiva y no meramente recaudatoria. Sin embargo, en la práctica, se observa que el sistema prioriza la generación de ingresos para el Estado sobre la protección efectiva de la seguridad vial.
Lo más indignante es que el conductor ya tenía un historial de infracciones graves: alcoholemia positiva, excesos de velocidad, cruces en rojo y hasta inhabilitaciones para conducir. En el ámbito del derecho de faltas, esto refleja una falla sistemática en la aplicación de las sanciones. La reincidencia de estas conductas pone de manifiesto la falta de control efectivo por parte de las autoridades responsables y la necesidad urgente de reformas estructurales.
Este caso reaviva un debate urgente: ¿son los radares efectivos para garantizar el respeto a las velocidades? ¿O son simplemente herramientas recaudatorias? Es hora de trazar una línea y redefinir prioridades. Actualmente, el sistema de fotomultas está diseñado con un fin prioritario: RECAUDAR. Lamentablemente, en el camino quedan relegadas la educación, la cultura vial y el respeto a la ley.
Para entender lo lejos que estamos de una verdadera seguridad vial, basta con mirar ejemplos de otros países. En Suiza, obtener una licencia de conducir requiere un curso obligatorio de dos años. Sí, dos años. Esa es la seriedad con la que abordan la formación vial. Incluso en países vecinos como Brasil, la educación vial se traduce en respeto: cuando un peatón pone un pie en la calzada, los autos frenan. Eso es educación.
Aquellos que han obtenido su licencia en nuestro país saben que el trámite no es más que eso: un mero trámite que se resuelve en unas pocas horas. Sin una reforma profunda, en lo inmediato nada cambiará. Pero tenemos una herramienta, y esta al alcance por ser municipal, que podemos activar ya: la educación vial en las escuelas primarias y secundarias. Dictar cursos, generar conciencia desde la infancia y sostener esta iniciativa en el tiempo son acciones que podrían marcar la diferencia. Este es un proceso de mediano y largo plazo, pero debe empezar ahora. Debe convertirse en una política de Estado municipal. Es posible, y es necesario.
No podemos permitir que más familias sufran la irreparable pérdida de sus seres queridos por fallas que son evitables. La tragedia nos golpea, pero también nos obliga a actuar. Es Ahora.
Donde funciona el merendero "Copa de Leche" y el dispositivo barrial "El Galponcito", en la intersección de los barrios San Francisco y Virgen del Lujan, la secretaría de Salud y Desarrollo Social que encabeza Mariano Athie y Natalia Spadoni decidió no reponer el servicio de internet y wi-fi para el espacio. Inicialmente la red se dañó, pero ante las consultas para repararla, el Estado local decidió sacar el abastecimiento definitivamente, cortando un insumo importante no sólo para el trabajo de las docentes y profesionales que allí asisten, sino también para los vecinos que solían utilizarlo para tener conectividad, con lo importante que esto es en la actualidad.
En otro acto de autoritarismo insólito, Pablo Petta, quien presta colaboración en el área de Obras Públicas desde hace un año, pasó de monotributista a empleado municipal contratado. El dirigente que siempre criticó a Daniel Tonelli y fue férreo opositor, vendió su dignidad por un cargo y ahora apunta a quedar en la planta municipal, ya que al pasar a esta condición está "haciendo carrera" dentro del Estado. Un capítulo más de este circo llamado "Tren Fantasma"...
La Municipalidad envió a inspectores para acelerar el proceso de demolición de una construcción que corresponde a la ampliación de la vivienda que está pegada al Museo Municipal. Según afirmaron desde el Estado local, no se puede edificar en ese espacio. La familia que allí habita ya había tenido conflicto con la propiedad hace 7 años, cuando la empresa de trenes NCA había querido desalojarla.